jueves, 24 de junio de 2010
MEDICINA FORENSE
• NOTICIAS
Informes sobre la muerte de un presidente
Un lugar donde fui muy feliz
La medicina forense trata de un enfoque amplio, holístico, que influye no sólo en la salud, en la libertad, sino también en la honra de las personas. Implica prepararnos de manera científica, filosófica y también legal.
Durante su infancia era la encargada de sanar a sus compañeros de juego. Frascos, aguas y polvos de colores constituían su “material de trabajo”. Carmen Cerda Aguilar (casada, tres hijos) explica que su vocación por la medicina venía incorporada. En su especialidad, en tanto, influyó la labor de juez de su papá, el abogado y académico Carlos Cerda Medina.
La vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Legal y anátomo patóloga del Hospital Barros Luco, estudió en la facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Pertenece a la generación 1978, la misma que en noviembre próximo tendrá una reunión de camaradería y amistad en las Termas de Chillán.
Recientemente saltó a la palestra pública como encargada de entregar decisivos informes sobre la muerte del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalba, los que le fueron encargados por el ministro sumariante y en el que viene trabajando -calladamente advierte- hace seis años.
Rememore su experiencia como alumna de la Universidad.
Yo me preparé con mucha alegría y entusiasmo para entrar a la Universidad. Vivía en calle Los Pinos al frente del Campus, y parte de mi familia ya había estudiado allí. Mi curso era grande, y lo componía gente que provenía de distintos lugares del país, de variada extracción social, incluidos trabajadores, todo lo cual conformaba un grupo muy interesante. Aquello terminó en 1973, año como que nos quedamos congelados en el aire, sin muchos compañeros y sin varios profesores, con un porvenir bastante incierto.
¿Quiénes marcaron o definieron su especialidad?
Mi papá, quien como juez le tocaba investigar, a quien yo acompañaba cuando muy pequeña, ahí yo escuchaba cómo el médico legista constituía un aporte importante a la labor judicial. Luego estuvieron los profesores, el Dr.Evaristo Córdoba un anatomista excelente; el Dr. Vielma, quien nos hacía anatomía topográfica: el Dr.Ennio Vivaldi, quien nos instaba a investigar, publicar, buscar apoyo bibliográfico; el Dr. Pommeroy; el Dr. Biel.
¿Cuándo parte el ejercicio de su profesión?
Hice mi internado en el hospital Las Higueras, donde adquirí experiencia de avanzada. Hice un Magíster en Bioética. Más tarde me fui al hospital de Lirquén y , luego me vine a Santiago a una beca en Anatomía Patológica en la Universidad de Chile, donde en definitiva me quedé.
Los legistas han saltado a las pantallas del cine y la televisión ¿cómo le resulta verlos en la ficción?
Hay de todo. Buenas y malas caracterizaciones. Suele haber distancia absoluta entre la realidad y la ficción. Ser legista o forense implica no sólo autopsias, un enfoque anticuado. Se trata de un enfoque amplio, holístico, que influye no sólo en la salud, en la libertad, sino también en la honra de las personas. Implica prepararnos de manera científica, filosófica y también legal. Nos toca decir o plantearnos frente a un tribunal con consecuencias que pueden ser tremendas para una persona, que puede cambiarles la vida
¿Cuáles son los nuevos desafíos en el ámbito legal y forense?
Proponer programas unificados a las facultades de Medicina, propiciar que más profesionales se dediquen a esta especialización. Tenemos muchos temas nuevos que abordar . Soy docente universitaria y esas necesidades las observo en terreno. Están la medicina legal social, referida al tema previsional; la violencia intrafamiliar, los abusos infantiles, aquellas derivadas de la aplicación de la reforma procesal penal donde los legistas tenemos la obligación de colaborar como testigos o peritos en los tribunales. Hay toda una preparación adicional ligada con temas como la toxicología, las substancias químicas contaminantes, los requerimientos de la ley del medio ambiente.
¿Cómo es su propia relación con la muerte, conociéndola tan de cerca siempre?
No le temo especialmente, le temo más a los vivos. (Se ríe)Es cierto que uno la conoce mucho, ve distintos tipos, pero yo diría que esa experiencia me hace ser más comprensiva con la vida, ser más tolerante y perdonadora con las personas. Tratar de mejorar la vida y disfrutarla.
¿Qué reflexión le nace cuando mira retrospectivamente su vida universitaria?
Que estudié en un lugar donde fui muy feliz, pese a los problemas, que me dio infinidad de oportunidades. como por ejemplo, meterme en otras clases de otras carreras como filosofía o historia, clases que nunca he olvidado.
Informes sobre la muerte de un presidente
Un lugar donde fui muy feliz
La medicina forense trata de un enfoque amplio, holístico, que influye no sólo en la salud, en la libertad, sino también en la honra de las personas. Implica prepararnos de manera científica, filosófica y también legal.
Durante su infancia era la encargada de sanar a sus compañeros de juego. Frascos, aguas y polvos de colores constituían su “material de trabajo”. Carmen Cerda Aguilar (casada, tres hijos) explica que su vocación por la medicina venía incorporada. En su especialidad, en tanto, influyó la labor de juez de su papá, el abogado y académico Carlos Cerda Medina.
La vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Legal y anátomo patóloga del Hospital Barros Luco, estudió en la facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Pertenece a la generación 1978, la misma que en noviembre próximo tendrá una reunión de camaradería y amistad en las Termas de Chillán.
Recientemente saltó a la palestra pública como encargada de entregar decisivos informes sobre la muerte del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalba, los que le fueron encargados por el ministro sumariante y en el que viene trabajando -calladamente advierte- hace seis años.
Rememore su experiencia como alumna de la Universidad.
Yo me preparé con mucha alegría y entusiasmo para entrar a la Universidad. Vivía en calle Los Pinos al frente del Campus, y parte de mi familia ya había estudiado allí. Mi curso era grande, y lo componía gente que provenía de distintos lugares del país, de variada extracción social, incluidos trabajadores, todo lo cual conformaba un grupo muy interesante. Aquello terminó en 1973, año como que nos quedamos congelados en el aire, sin muchos compañeros y sin varios profesores, con un porvenir bastante incierto.
¿Quiénes marcaron o definieron su especialidad?
Mi papá, quien como juez le tocaba investigar, a quien yo acompañaba cuando muy pequeña, ahí yo escuchaba cómo el médico legista constituía un aporte importante a la labor judicial. Luego estuvieron los profesores, el Dr.Evaristo Córdoba un anatomista excelente; el Dr. Vielma, quien nos hacía anatomía topográfica: el Dr.Ennio Vivaldi, quien nos instaba a investigar, publicar, buscar apoyo bibliográfico; el Dr. Pommeroy; el Dr. Biel.
¿Cuándo parte el ejercicio de su profesión?
Hice mi internado en el hospital Las Higueras, donde adquirí experiencia de avanzada. Hice un Magíster en Bioética. Más tarde me fui al hospital de Lirquén y , luego me vine a Santiago a una beca en Anatomía Patológica en la Universidad de Chile, donde en definitiva me quedé.
Los legistas han saltado a las pantallas del cine y la televisión ¿cómo le resulta verlos en la ficción?
Hay de todo. Buenas y malas caracterizaciones. Suele haber distancia absoluta entre la realidad y la ficción. Ser legista o forense implica no sólo autopsias, un enfoque anticuado. Se trata de un enfoque amplio, holístico, que influye no sólo en la salud, en la libertad, sino también en la honra de las personas. Implica prepararnos de manera científica, filosófica y también legal. Nos toca decir o plantearnos frente a un tribunal con consecuencias que pueden ser tremendas para una persona, que puede cambiarles la vida
¿Cuáles son los nuevos desafíos en el ámbito legal y forense?
Proponer programas unificados a las facultades de Medicina, propiciar que más profesionales se dediquen a esta especialización. Tenemos muchos temas nuevos que abordar . Soy docente universitaria y esas necesidades las observo en terreno. Están la medicina legal social, referida al tema previsional; la violencia intrafamiliar, los abusos infantiles, aquellas derivadas de la aplicación de la reforma procesal penal donde los legistas tenemos la obligación de colaborar como testigos o peritos en los tribunales. Hay toda una preparación adicional ligada con temas como la toxicología, las substancias químicas contaminantes, los requerimientos de la ley del medio ambiente.
¿Cómo es su propia relación con la muerte, conociéndola tan de cerca siempre?
No le temo especialmente, le temo más a los vivos. (Se ríe)Es cierto que uno la conoce mucho, ve distintos tipos, pero yo diría que esa experiencia me hace ser más comprensiva con la vida, ser más tolerante y perdonadora con las personas. Tratar de mejorar la vida y disfrutarla.
¿Qué reflexión le nace cuando mira retrospectivamente su vida universitaria?
Que estudié en un lugar donde fui muy feliz, pese a los problemas, que me dio infinidad de oportunidades. como por ejemplo, meterme en otras clases de otras carreras como filosofía o historia, clases que nunca he olvidado.
MUERTE DE FREI MONTALVA PERICIAS CARMEN CERDA AGUILAR
Así mataron a Frei Montalva
El lunes antes de las elecciones, el ministro en visita Juan Madrid procesó a seis personas por el asesinato de Eduardo Frei Montalva en 1982. Es primera vez que el ministro en visita presenta un panorama paso a paso de la trama que terminó con la vida del ex Presidente DC. Muchos de los antecedentes presentados por el juez se encuentran en las crónicas y reportajes que ha realizado en los últimos años la periodista Mónica González, especialmente en el reportaje que esta revista publicó en julio de 2006.
LOS HECHOS
18 de noviembre 1981: Frei Montalva se opera en la Clínica Santa María de una hernia gastroesofágica. Su doctor es Augusto Larraín Orrego.
4 diciembre 1981. Frei regresa a la clínica, luego de haber sido dado de alta, aquejado por nuevas molestias. Es hospitalizado.
6 diciembre 1981: A las 10:45 la enfermera Olga Ortiz Rojas ve a una enfermera particular trasladar a Frei a rayos X. En el trayecto esta enfermera lo cambia de camilla rompiendo así el guante con el contenido gástrico de la sonda nasogástrica. La enfermera Ortiz se acerca a Frei y le cambia la ropa de cama porque está manchado. Deja constancia en enfermería.
A las 12:00, la enfermera María Elena Zamorano visita a Frei y lo encuentra “sudoroso, descompensado, la presión baja, el suero estaba fuera de la vía venosa y su cama impregnada con sangre, había perdido mucha sangre”. Los médicos deciden trasladarlo a la UCI.
El doctor Augusto Larraín Orrego es informado que el nuevo médico a cargo es Patricio Silva, quien opera por segunda vez al paciente debido a que presenta un obstrucción intestinal. Larraín observa la operación y la lesión que identifica es “mesenteritis hipertrófica localizada de tipo inflamatoria”. Esta lesión, dice, no habría sido bacteriana y sólo puede explicarse por la contaminación localizada de un agente químico o tóxico.
8 de diciembre 1981: En el pensionado de la Clínica Santa María, luego de la segunda operación, Frei tiene un schock séptico. Es trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos.Una llamada anónima a cercanos a la familia advierte que el ex presidente está siendo envenenado. Se impide acceso de extraños a la habitación.
22 de enero 1982: Frei muere. Sin la autorización de la familia los médicos Hernán Rosemberg Gómez y González Bombardiere de la Facultad de Medicina de la UC trasladan su cádaver a una clínica particular para realizar un embalsamiento. El departamento de Anatomía Patológica de dicha universidad no fue informado del procedimiento a pesar que ahí se contaban con dependencias para ello. Además del embalsamiento, se realiza una extracción de órganos. Los médicos indicaron que hicieron aquello porque en su juventud Frei habría sufrido una tuberculosis que podría ser la causante de su muerte. La investigación judicial corroboró que no era así.
LOS MEDIOS
* La investigación judicial estableció que, mientras estuvo en la UCI, a Frei se le aplicó “Transfer Factor”, un producto que se encontraba en etapa de experimentación y aún no era autorizado por la Food and Drug Administration norteamericana. Aquello indujo a un shock séptico.
* Según la autopsia realizada por la doctora Laura Borgel y Carmen Cerda, del Departamento de Medicina Legal de la U. de Chile, en los tres meses previos a su muerte Frei Montalva recibió dosis bajas de Talio (veneno utilizado como insecticida y también para matar ratones) y mostaza sulfúrica (un agente químico), por vía endovenosa, lo que provocó daño celular y del DNA. La mezcla de estas sustancias fue administrada en 3 ocasiones. Este tipo secuencial y simultáneo de suministro, potenció el efecto de los productos. Lo anterior descarta una ingesta accidental o suicidio.
LOS ACUSADOS:
Entre los procesados por el juez Madrid se encuentran personas del círculo íntimo de Frei, agentes y doctores que se infiltraron en la clínica.
Luis Becerra Arancibia: ex chofer de Eduardo Frei Montalva. Trabajaba en forma paralela como agente de la CNI, informando de las actividades del ex presidente. Al morir Frei, colaboró en su casa recibiendo a quienes venían a expresar sus condolencias.
Raúl Lillo Gutiérrez: agente de la dictadura, parte de una brigada encargada de seguir, controlar y analizar a la DC. Tenía una carpeta sobre Frei Montalva que guardaba en un kárdex. Por órdenes suyas, Carabineros se ubicaba en las afueras de la oficina de Frei y anotaba a sus visitantes. Lillo mantenía contacto directo con Becerra.
Patricio Silva Garín: médico militar. Fue subsecretario de Salud en el gabinete de Frei Montalva. Trabó amistad con él y participó de la junta de médicos que decidió operarlo de la hernia que lo aquejaba. En sus declaraciones, dice que siempre se opuso a dicha operación, sin embargo, encabezó el equipo médico que operó a Frei Montalva por segunda vez. Silva dijo que no le pidió a Alberto Larraín (el médico de la primera operación) que dirigiera la segunda intervención porque no pudo ubicarlo. Sin embargo, el doctor Pedro Valdivia le informó a Silva que Larraín estaba en la clínica. Silva dice desconocer que mientras estaba en la UCI a Frei se le aplicó Transfer Factor.
Pedro Valdivia Soto, médico. Desde 1976 a 1990 prestó servicios a la DINA y CNI. Atendía a los militares y sus familias, y además hacía fichas médicas de los detenidos. Trabajaba en la Clínica Santa María. En una oportunidad, ingresó a la habitación de Frei sin razón y sin dejar constancia. Según él una enfermera se lo había pedido, pero ella lo niega. También entró varias veces a la UCI a preguntar por su estado de salud. El día que muere Frei, como médico residente, queda a cargo de su cuerpo. Lo niega.
Hernán Rosemberg Gómez y Sergio González Bombardiere: médicos que practican embalsamiento a Frei y les extraen órganos. Rosemberg señala que le fue dada una orden verbal del doctor Roberto Barahona Silva, del Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la UC. Sin embargo, Barahona estaba jubilado y gravemente enfermo. Murió poco después que Frei.
El lunes antes de las elecciones, el ministro en visita Juan Madrid procesó a seis personas por el asesinato de Eduardo Frei Montalva en 1982. Es primera vez que el ministro en visita presenta un panorama paso a paso de la trama que terminó con la vida del ex Presidente DC. Muchos de los antecedentes presentados por el juez se encuentran en las crónicas y reportajes que ha realizado en los últimos años la periodista Mónica González, especialmente en el reportaje que esta revista publicó en julio de 2006.
LOS HECHOS
18 de noviembre 1981: Frei Montalva se opera en la Clínica Santa María de una hernia gastroesofágica. Su doctor es Augusto Larraín Orrego.
4 diciembre 1981. Frei regresa a la clínica, luego de haber sido dado de alta, aquejado por nuevas molestias. Es hospitalizado.
6 diciembre 1981: A las 10:45 la enfermera Olga Ortiz Rojas ve a una enfermera particular trasladar a Frei a rayos X. En el trayecto esta enfermera lo cambia de camilla rompiendo así el guante con el contenido gástrico de la sonda nasogástrica. La enfermera Ortiz se acerca a Frei y le cambia la ropa de cama porque está manchado. Deja constancia en enfermería.
A las 12:00, la enfermera María Elena Zamorano visita a Frei y lo encuentra “sudoroso, descompensado, la presión baja, el suero estaba fuera de la vía venosa y su cama impregnada con sangre, había perdido mucha sangre”. Los médicos deciden trasladarlo a la UCI.
El doctor Augusto Larraín Orrego es informado que el nuevo médico a cargo es Patricio Silva, quien opera por segunda vez al paciente debido a que presenta un obstrucción intestinal. Larraín observa la operación y la lesión que identifica es “mesenteritis hipertrófica localizada de tipo inflamatoria”. Esta lesión, dice, no habría sido bacteriana y sólo puede explicarse por la contaminación localizada de un agente químico o tóxico.
8 de diciembre 1981: En el pensionado de la Clínica Santa María, luego de la segunda operación, Frei tiene un schock séptico. Es trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos.Una llamada anónima a cercanos a la familia advierte que el ex presidente está siendo envenenado. Se impide acceso de extraños a la habitación.
22 de enero 1982: Frei muere. Sin la autorización de la familia los médicos Hernán Rosemberg Gómez y González Bombardiere de la Facultad de Medicina de la UC trasladan su cádaver a una clínica particular para realizar un embalsamiento. El departamento de Anatomía Patológica de dicha universidad no fue informado del procedimiento a pesar que ahí se contaban con dependencias para ello. Además del embalsamiento, se realiza una extracción de órganos. Los médicos indicaron que hicieron aquello porque en su juventud Frei habría sufrido una tuberculosis que podría ser la causante de su muerte. La investigación judicial corroboró que no era así.
LOS MEDIOS
* La investigación judicial estableció que, mientras estuvo en la UCI, a Frei se le aplicó “Transfer Factor”, un producto que se encontraba en etapa de experimentación y aún no era autorizado por la Food and Drug Administration norteamericana. Aquello indujo a un shock séptico.
* Según la autopsia realizada por la doctora Laura Borgel y Carmen Cerda, del Departamento de Medicina Legal de la U. de Chile, en los tres meses previos a su muerte Frei Montalva recibió dosis bajas de Talio (veneno utilizado como insecticida y también para matar ratones) y mostaza sulfúrica (un agente químico), por vía endovenosa, lo que provocó daño celular y del DNA. La mezcla de estas sustancias fue administrada en 3 ocasiones. Este tipo secuencial y simultáneo de suministro, potenció el efecto de los productos. Lo anterior descarta una ingesta accidental o suicidio.
LOS ACUSADOS:
Entre los procesados por el juez Madrid se encuentran personas del círculo íntimo de Frei, agentes y doctores que se infiltraron en la clínica.
Luis Becerra Arancibia: ex chofer de Eduardo Frei Montalva. Trabajaba en forma paralela como agente de la CNI, informando de las actividades del ex presidente. Al morir Frei, colaboró en su casa recibiendo a quienes venían a expresar sus condolencias.
Raúl Lillo Gutiérrez: agente de la dictadura, parte de una brigada encargada de seguir, controlar y analizar a la DC. Tenía una carpeta sobre Frei Montalva que guardaba en un kárdex. Por órdenes suyas, Carabineros se ubicaba en las afueras de la oficina de Frei y anotaba a sus visitantes. Lillo mantenía contacto directo con Becerra.
Patricio Silva Garín: médico militar. Fue subsecretario de Salud en el gabinete de Frei Montalva. Trabó amistad con él y participó de la junta de médicos que decidió operarlo de la hernia que lo aquejaba. En sus declaraciones, dice que siempre se opuso a dicha operación, sin embargo, encabezó el equipo médico que operó a Frei Montalva por segunda vez. Silva dijo que no le pidió a Alberto Larraín (el médico de la primera operación) que dirigiera la segunda intervención porque no pudo ubicarlo. Sin embargo, el doctor Pedro Valdivia le informó a Silva que Larraín estaba en la clínica. Silva dice desconocer que mientras estaba en la UCI a Frei se le aplicó Transfer Factor.
Pedro Valdivia Soto, médico. Desde 1976 a 1990 prestó servicios a la DINA y CNI. Atendía a los militares y sus familias, y además hacía fichas médicas de los detenidos. Trabajaba en la Clínica Santa María. En una oportunidad, ingresó a la habitación de Frei sin razón y sin dejar constancia. Según él una enfermera se lo había pedido, pero ella lo niega. También entró varias veces a la UCI a preguntar por su estado de salud. El día que muere Frei, como médico residente, queda a cargo de su cuerpo. Lo niega.
Hernán Rosemberg Gómez y Sergio González Bombardiere: médicos que practican embalsamiento a Frei y les extraen órganos. Rosemberg señala que le fue dada una orden verbal del doctor Roberto Barahona Silva, del Departamento de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la UC. Sin embargo, Barahona estaba jubilado y gravemente enfermo. Murió poco después que Frei.
CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS AFIANZADOS POR LA EXPERIENCIA DEBEN CONSIDERARSE EN LAS FISCALIAS
LOS PELIGROS DEL CAJÓN DE SASTRE.
SENTENCIA DE NULIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE
LAS CONCLUSIONES PROBATORIAS EN EL CASO TOCORNAL
(CORTE SUPREMA)
Comentario de Daniela Accatino Scagliotti
Santiago, diecisiete de enero de dos mil siete.
Vistos :
Por sentencia de trece de noviembre de dos mil seis, pronunciada en los antecedentes
Rol Interno N° 273-2006 y Rol Único N° 00600170079-9, del Tercer Tribunal de Juicio
Oral en lo Penal de Santiago, integrado por las Juezas señoras Marcela Urrutia Cornejo,
Doris Ocampo Méndez y Olga Fernández Berardi, se absolvió a JORGE ALBERTO
TOCORNAL BABRA, 44 años, soltero, Sub Gerente de banco, cédula de identidad
N° 9.085.645-6, de la acusación formulada en su contra de ser autor de los delitos reiterados
de abuso sexual en la persona de sus hijos menores Jorge y Joaquín ATP, ocurridos
entre julio y noviembre de 2005 en la comuna de Vitacura de esta ciudad.
Asimismo se resolvió condenarlo, como autor de los siguientes ilícitos:
1.– Delito continuado de violación, en grado consumado, perpetrado entre julio y
noviembre de 2005 en la persona de su hijo Joaquín ATP, previsto en el artículo
362 del Código Penal, a la pena de SIETE AÑOS de presidio mayor en su grado
mínimo, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos
políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la
condena.
2.– Delito continuado de abuso sexual, en grado consumado, cometido en la persona
de sus hijos menores Jorge y Joaquín ATP, (ambos menores de 14 años), ocurridos
entre julio y noviembre de 2005 en la comuna de Vitacura de esta ciudad, previstos
en el artículo 366 quater del Código Penal, a la pena de CUATRO AÑOS de
presidio menor en su grado máximo, accesoria de inhabilitación absoluta perpetua
para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos
durante el tiempo de la condena.
Se impone al condenado además, el pago de las costas de la causa, se le priva de
la patria potestad o del derecho a obtenerla, se decreta su interdicción para ejercer la
guarda y ser oído como pariente y se dispone su vigilancia por parte de la autoridad por
los diez años siguientes al cumplimiento de la condena, sin concederle ninguno de los
beneficios alternativos que contempla la Ley N° 18.216/1983, de 14 de mayo.
274 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1
En contra de esta resolución, la Defensa del sentenciado dedujo recurso de nulidad
por las siguientes causales y con el carácter que a continuación se indica:
A) Causal principal, contenida en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal,
esto es, por infracción de Garantías, específicamente del principio de inocencia,
lo que ocurre, en criterio del recurrente, como consecuencia de la inversión de la
carga de la prueba, específicamente con la acreditación de la data de los hechos imputados,
de elementos incriminatorios contra terceros sospechosos y del incidente
formulado con ocasión de la liberación por el Ministerio Público de la Testigo
Cecilia Pesce Ortega.
B) Causal conjunta con la que antecede, y que se funda en el artículo 373 letra a) del
Código Procesal Penal, invocada como vulneración del Debido Proceso, consagrado
en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República,
la que se habría producido con motivo de la investigación de los hechos por parte
del Ministerio Público, acusada como imperfecta y con omisión de diligencias
relevantes relacionadas con la indagación en torno a la participación de terceros.
C) Causal Subsidiaria, por infracción del artículo 374 letra e) del Código Procesal
Penal, lo que habría acontecido por omisión en la sentencia del requisito del artículo
342 letra c), en relación con el artículo 297, del mismo cuerpo de ley.
D) Causal Subsidiaria, sustentada en la vulneración del artículo 374 letra a) del
Código Procesal Penal, a cuyos efectos se estima que la sentencia ha sido dictada
por tribunal incompetente, lo que ocurre considerando lo dispuesto en el
artículo 484 del Código Procesal Penal y la disposición octava transitoria de la
Constitución Política de la República en cuanto a que la fecha inicial de los supuestos
delitos es anterior al 16 de junio de 2005, fecha de inicio de la reforma
procesal penal en Santiago.
Declarado admisible el señalado recurso, por las causales precitadas, se fijó día y
hora para la audiencia de rigor, la que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2006, con la
asistencia de los señores Fiscal, Querellante y Defensor, fijándose fecha para la comunicación
de la sentencia el 17 de enero de 2007, a las 13:00 horas.
Considerando :
A) Causal principal. 373 letra a) del Código Procesal Penal. Infracción de Garantías.
Principio de Inocencia. Inversión de la carga de la prueba.
PRIMERO: Que, la primera causal en que se funda el presente arbitrio, encuentra, a
criterio del recurrente, sustento en el artículo 373 a) del Código Procesal Penal, en
razón de la vulneración del principio de inocencia que ampara al acusado y que se pretende
infringido en este caso.
SEGUNDO: Que, tal razonamiento se construye en base de la tesis según el cual el
tribunal pone de cargo de la defensa acreditar la data de las lesiones sufridas por uno
de los menores víctima, lo que importa en su concepto alterar el peso de la prueba, en
2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 275
términos que la falta de acreditación originó la condena de su representado. Asimismo,
sostiene que la deficiente investigación del Ministerio Público –apartada de las normas
legales y con omisión de diligencias importantes, especialmente en relación con la incriminación
de hechos respecto de terceros no indagados– afectó la garantía señalada, la
que asimismo resulta vulnerada como consecuencia del rechazo del incidente formulado
por su parte con ocasión de la liberación por el Ministerio Público de una testigo de
relevancia. Todo lo anterior, estima, incide en el estándar de convicción que deben adquirir
los sentenciadores, desde que este principio de inocencia es el que hace operativo
el límite de convicción que está dado por la duda razonable.
TERCERO: Que, al respecto, cabe acotar que el reconocimiento expreso –como principio
estructural de todo sistema de enjuiciamiento criminal moderno, y que determina
su funcionalidad tanto en lo formal como en aspectos sustantivos, como asimismo su
adecuada inserción y aceptación en el marco jurídico general de respeto a las garantías
y derechos de las personas– está dado por admitir y velar por la eficaz y efectiva aplicación
del mismo en el caso concreto, lo que importa aceptar que nadie –y en tanto no se
hubiere dictado sentencia ejecutoriada en su contra, con los resguardos jurídicos de un
debido proceso– puede ser estimado culpable de un delito, ni tratado como tal.
Que sólo con dicho proceder, y en mérito de tal acto jurisdiccional, como es la sentencia,
es posible asegurar las garantías de un debido proceso.
CUARTO: Que, en lo substantivo, la necesaria acreditación por parte del Ministerio
Público de todos los presupuestos fácticos que sirven de fundamento a su acusación,
tanto los que dicen relación con el hecho punible materia de ella, sus circunstancias
y las que determinan la participación culpable del imputado, en un justo y racional
procedimiento, deberán emanar necesaria e ineludiblemente de la prueba producida en
la audiencia del juicio oral, la que en su formulación ha de ajustarse a los principios de
publicidad, contradicción e inmediación, conforme a la cual los sentenciadores deberán
formar su convicción, en los términos exigidos por el artículo 297 del Código Procesal
Penal.
QUINTO: Que, en tal desarrollo, sin perjuicio de lo señalado, y atendido que la necesidad
probatoria se plantea como un proceso dinámico, resultante de las diversas
formas que pueda asumir la defensa, y que determinarán o impondrán según el caso
el despliegue de alguna actividad en tal sentido, particularmente cuando frente a los
reproches del Ministerio Público se formule alguna tesis o teoría alternativa de aquélla,
caso en el cual será de su cargo acreditarla, sin que por ello se pueda sostener que se
afecte el debido proceso o el carácter de inocente del acusado, ya que como se ha venido
diciendo la convicción de los jueces, ya para acoger la acusación, ya para desestimarla,
ya para admitir los planteamientos alternativos de la defensa, deberá ser consecuencia
de la acreditación de los mismos mediante la prueba producida en la audiencia.
276 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1
SEXTO: Que, así las cosas, y en relación con el motivo de nulidad que nos convoca,
no puede sostenerse que los argumentos que ha planteado el recurrente –ya en relación
con el establecimiento de la data de las lesiones sufridas por el menor Joaquín ATP,
cuya precisión o fecha no fue establecida sino entre dos rangos de tiempo, entre los
cuales se habría producido la agresión sexual a dicho menor, situación que por lo demás
llevó a los jueces a calificar el delito como continuado considerando la ocurrencia de
las conductas imputadas, ni aquello que no resulta ser materia de la acusación fiscal
como es la intervención de terceros en los hechos, cuestión introducida al proceso por
la defensa, como lo relacionado con el rechazo de una incidencia durante la audiencia
relativa a la liberación de una testigo por parte de la fiscalía– como lo pretende el señor
defensor, importen o conlleven alterar la carga de la prueba y con ello concluir que se
lesiona el principio de inocencia. Cabe tener presente al efecto, que tal acontecer no ha
importado liberar al órgano persecutor de acreditar sus pretensiones, como tampoco
imponer a la defensa la prueba de cargos, ya que el establecimiento de los presupuestos
que introdujo esta última al juicio, y que pudieren haber sido de mérito para generar
alguna duda razonable en los sentenciadores en términos que los determinara a resolver
de una manera diferente a como lo han hecho, no importan la vulneración que por
esta causal ha sido formulada, considerando que la valoración emana, por cierto, de la
prueba aportada al juicio.
SÉPTIMO: Que, por lo expuesto, consecuencialmente no se acogerá la presente
causal.
B) Causal principal conjunta. 373 letra a) del Código Procesal Penal por vulneración
del Debido Proceso.
OCTAVO: Que, el segundo motivo en que se funda este arbitrio y que se ha formulado
conjuntamente con el principal, se sustenta en el artículo 373 letra a) del Código
Procesal Penal, cuya trasgresión se habría producido por vulneración de la Garantía del
Debido Proceso, establecida en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política
de la República, como consecuencia de la deficiente investigación desarrollada por el
órgano persecutor en cuanto imperfecta y no ajustada al estándar legalmente exigible.
NOVENO: Que, de lo expuesto es claro que el vicio que sirve de soporte al presente
recurso, se relaciona con la “calidad” de la investigación del Ministerio Público, órgano
a quien por imperativo del artículo 83 de la Constitución Política de la República le
corresponde de manera exclusiva la investigación y el ejercicio de la acción penal, actividad
que ha sido reglamentada en el Código Procesal Penal, y sujeta a los controles
que la misma ley establece, como son aquellos dados al Juez de Garantía, al imputado
y demás intervinientes. De tal manera que, aún hipotética o especulativamente, para
el caso de ser efectiva la afirmación de la Defensa, en cuanto a las deficiencias, infracciones
y omisiones que ha señalado, ellas debieron ser materia de reclamación en la
oportunidad correspondiente, es decir durante el curso de dicha investigación y aún en
la etapa de preparación de juicio oral, por vía de exclusión de prueba, por lo que, al no
2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 277
hacerlo, los reproches en que busca asilo, resultan improcedentes, y no pueden servir
de fundamento al presente recurso.
Que en todo caso, lo sostenido es sin perjuicio de la valoración que de los antecedentes
de prueba aportados al juicio en cuestión y en su caso, pudieron hacer los
jueces del tribunal de Juicio Oral, ya para dar mérito a las pruebas aportadas, o bien
para desmerecerlas en razón de su génesis contraria a las normas legales o constitucionales
que reglan la labor del Ministerio Público, única formula que resulta procedente
en dicho estadio procesal y que se comprenden en las facultades de los Jueces de este
último Tribunal.
DÉCIMO: Que, acorde a lo razonado, no se hará lugar al acogimiento del recurso interpuesto
por este motivo.
C) Causal subsidiaria. Infracción del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal,
en relación con los artículos 342 letra c) y 297, todos de este mismo cuerpo de
ley.
UNDÉCIMO: Que la tercera causal, planteada como subsidiaria de las precedentemente
referidas, encuentra anclaje en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, la
que al decir del recurrente, se ha configurado por omisión en la sentencia del requisito
del artículo 342 letra c), en relación con el artículo 297, del mismo cuerpo legal, en
razón de sobrepasar dicha resolución los límites de la libre valoración de la prueba, al
no contener una exposición clara, lógica y completa, no sólo de los hechos y circunstancias
de la causa, sino también de aquellos que dicen relación con la valoración de
los medios de prueba en que se fundamentan sus conclusiones, lo que determina en
definitiva que el fallo recurrido arribara a juicios parciales y equivocados.
DUODÉCIMO: Que, es menester dejar sentado que el régimen probatorio adoptado
en el nuevo sistema y que comprende por una parte la libertad de prueba y por la
otra, la libre valoración de la misma –dos aspectos indispensables para su adecuada
funcionalidad– no puede sino tener otros límites que los expresamente dados por el
legislador, cuales lo son, la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos
científicamente afianzados, todo lo cual ha de materializarse en la fundamentación de
las decisiones judiciales, de tal forma que estas guarden la correspondiente armonía con
los extremos señalados, en términos de satisfacer los fines del proceso, manera en que
se legitiman las resoluciones judiciales, particularmente aquellas contenidas en una
sentencia definitiva, en el contexto de la seguridad jurídica y de la paz social.
DÉCIMO TERCERO: Que, en dicho mérito, y del tenor del extenso fallo que ha precedido
a la decisión de los sentenciadores, quienes incluso, como plus han trascrito las
diversas actuaciones llevadas a efecto en la audiencia, sin que ello sea una exigencia de
las estrictamente necesarias que señala el artículo 342 del Código Procesal Penal –es
sólo a partir de la motivación decimotercera, donde se da inicio al análisis de la prueba
278 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1
que han percibido por sus sentidos y que en dicho contexto les corresponde exclusivamente
ponderar– arriban a la conclusión que en relación con la acusación Fiscal relativa
a los delitos de violación del menor Jorge ATP y de abuso sexual de los menores Jorge y
Joaquín ATP, se habrían acreditado tanto aquellos como estos, así como la participación
que en calidad de autor ha correspondido en ellos al imputado.
DÉCIMO CUARTO: Que, sin embargo, tales consideraciones no se ajustan al raciocinio
propio del marco legal a la hora de arribar a la decisión condenatoria, ya que está
afectado el mecanismo de la lógica con que se ha debido obrar en relación a los tópicos
que se han planteado en el recurso por esta causal, ya para acoger la prueba de la fiscalía,
ya para desestimar aquella aportada por la defensa, como al referirse a los hechos no
probados de la causa en relación con tales ilícitos.
DÉCIMO QUINTO: Que, en efecto y como se ha advertido en el libelo, la existencia
de aparentes discrepancias entre los informes periciales producidos en la causa, en
cuanto a la fecha y naturaleza de las lesiones que han sido advertidas en el menor, no
han sido obstáculo para tener por sentada su naturaleza y origen, lo que sin embargo,
ha ocurrido sin que los jueces expliquen o den razón de tal proceder, omisión que importa
transgredir el precepto del artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, sin
que pueda sostenerse como lo pretende Fiscalía, que por tratarse de una cuestión accesoria
o inexistente, sea suficiente para subsanarla y despejar las dudas que al respecto se
plantean, más aun cuando tales afirmaciones deben provenir precisamente del Tribunal
y no de las partes del juicio.
DÉCIMO SEXTO: Que, del mismo modo y para cumplir los fines de fundamentación
del fallo, particularmente aquel que permita reproducir de forma clara y precisar el
razonamiento de los sentenciadores, no concurre, a la hora de decidir, cuál es la data de
las lesiones, las razones por las cuales no fue posible determinar le fecha en que ocurrieron,
ya sean estas positivas o negativas, y las consecuencias, si alguna tuviere, en la
decisión definitiva y en relación con los planteamientos de la defensa. Más aún cuando
en base a dicha indeterminación se llegó a concluir que los delitos acreditados tenían el
carácter de continuados, sin que, y por las mismas razones, se satisfagan las exigencias
doctrinarias dadas para tal figura, de lo que resulta que el lógico encadenamiento de
pruebas, valoración de la misma, hechos probados o no probados, y conclusiones, en la
especie no resulta de una secuencia correlativa de etapas, o procesos ya materiales, ya
intelectuales, lo que impide, como se ha anticipado, satisfacer los requerimientos perentorios
de la norma del artículo 342 letra c) y en relación con el artículo 297, ambas
del Código Procesal Penal.
DÉCIMO SÉPTIMO: Que, las anteriores reflexiones son igualmente aplicables al planteamiento
que formula el recurrente en relación con las conclusiones inconsultas que
se han derivado de las exposiciones de los peritos Marlene Martínez y Digadiel Rojas,
en cuanto a ciertas características del imputado, por lo que las mismas, sin el idóneo
2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 279
sustento, impide a los jueces arribar a ellas, ya sea por carecer de tales conocimientos,
ya por no existir antecedentes de tal naturaleza que la determinen.
DÉCIMO OCTAVO: Que, por lo demás y a mayor abundamiento, cabe señalar que
la forma general como el Tribunal ha procedido para rechazar la prueba documental
producida en la causa, sin perjuicio de la nominación que en cada caso y respecto de
los instrumentos en cuestión se ha dado, resulta del todo insuficiente ya para atribuirle
mérito o bien restárselo sin siquiera ilustrar o precisar el porqué ellos no son significativos
o no aportan elementos de juicio a la hora de su ponderación.
DÉCIMO NOVENO: Que, conforme lo dicho, el presente recurso será acogido por esta
causal en análisis, resultando por consiguiente innecesario pronunciarse por el motivo
cuarto de nulidad, esto es la causal subsidiaria que se funda en el artículo 374 letra A)
del Código Procesal Penal.
Y visto lo dispuesto en los artículos 297, 342, 372, 374 letra e), 376, 383, 384,
386 del Código Procesal Penal, se acoge el recurso, de nulidad deducido por la Defensa
del imputado Jorge Alberto Tocornal Babra, por la causal tercera subsidiaria, esto es,
la del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, declarándose por consiguiente la
nulidad del juicio y de la sentencia de tres de noviembre de dos mil seis, dictada en estos
antecedentes por la Tercera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago,
debiendo procederse a realizar un nuevo juicio ante tribunal no inhabilitado.
Acordada con el voto en contra de abogado integrante Sr. Domingo Hernández E.,
quien estuvo por rechazar el recurso en estudio por todas las causales formuladas, en
atención a las siguientes consideraciones:
1. Que en lo que dice relación con los dos primeros motivos de invalidación que se
han esgrimido, comparte los fundamentos dados en la presente sentencia y los hace
suyos.
2 Que en lo concerniente a la causal tercera subsidiaria y que dice relación con la
infracción al artículo 342 letra c) en relación al artículo 297 del Código Procesal
Penal, la que se fundamenta en el motivo de nulidad que contempla el artículo
374 letra e) del señalado cuerpo legal, estima que los planteamientos del recurrente
sólo dicen relación con una diversa valoración de la prueba aportada al proceso,
cuya ponderación, por ser de la esencia de la potestad jurisdiccional, compete de
manera exclusiva a los jueces de la causa, toda vez que, y en razón de los principios
de la inmediación, contradicción y oralidad, sólo estos se encuentran en situación
de aquilatarla.
3. Que, en tal contexto, la diversa apreciación que de la prueba rendida tuviere el
recurrente, no puede servir de fundamento a un recurso de carácter extraordinario
y estricto como el que se analiza, más aún cuando de su exposición no aparece que
se hubiere incurrido en los vicios que se denuncian.
En efecto, del examen del fallo impugnado se desprende que los jueces se han
hecho cargo de la prueba rendida, dando en cada caso los fundamentos que permiten
claramente comprender las razones por las cuales fue admitida o rechazada,
280 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1
exponiendo igualmente y de manera lógica las consideraciones que en virtud de
ella les fue posible arribar para el establecimiento de los hechos que tuvieron por
sentados, los que por reunir en su caso las exigencias típicas, pudieron ser calificados
acorde con los delitos que establecen y sancionan los artículos 362 y 366
quarter del Código Penal, de tal suerte que no surge ninguna duda en cuanto a que
la sentencia en cuestión cumple a cabalidad con los requisitos del artículo 342,
letra c), sin que los extremos probatorios dados por el artículo 297 del Código
Procesal Penal, hubieren sido sobrepasados, desde que no se advierte, más aún ni
el recurrente lo señala, cuál es el principio de la lógica contrariado, ni los conocimientos
científicos transgredidos, menos aún se refiere el recurso a las máximas
de la experiencia, sin que la sola mención genérica de estos elementos inherentes
a la sana crítica, sin la debida especificación en cada caso, pueda revestir mérito
suficiente para configurar un vicio de nulidad, con las consecuencias que de ello
deriva, particularmente en el caso de autos, desde que la anulación del fallo conlleva
la realización de un nuevo juicio y, por consiguiente, una nueva exposición
de las víctimas de corta edad, a los trámites y tensiones que eso significa, por lo
que el rigor en el análisis de la causal invocada y el imperativo de no desvirtuar
el sentido y alcance de este arbitrio, llevan a este disidente a rechazar la presente
causal de invalidación.
4. Que, por último, y en relación con la causal del artículo 374 letra A del Código
Procesal Penal, y dado que es un hecho de la causa que los sucesos acontecieron
entre julio y noviembre de dos mil cinco, fecha en la que se encontraba plenamente
vigente en la región metropolitana la novel justicia penal, el conocimiento de
estos antecedentes ha sido sometido y resuelto por el tribunal que conforme a la
ley, naturalmente era llamado a ello, por lo que en la especie no se configure el
vicio que por esta causal se ha reclamado.
5. Que, por lo expuesto, estuvo por rechazar el recurso en todas sus partes y, en consecuencia,
declarar que el juicio oral de autos, así como la sentencia de trece de
noviembre de dos mil seis, pronunciada por la Tercera Sala del Tribunal del Juicio
Oral en lo Penal de Santiago, no son nulos.
Redacción del Abogado Integrante señor Juan Carlos Cárcamo Olmos y del voto
disidente su autor.
Regístrese y devuélvase.
Rol N° 6112-06.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Alberto Chaigneau
del C., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y los abogados integrantes Sres. Juan
Carlos Cárcamo O. y Domingo Hernández E.
Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema don Carlos Meneses Pizarro.
2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 281
Comentario
Entre las causales de nulidad previstas por el Código Procesal Penal (CPP), hay una
que es invocada con mucha frecuencia por los recurrentes, a veces como causal principal,
pero sobre todo –como ocurre en el caso que es objeto de este comentario– como causal
conjunta o subsidiaria. Se trata de la omisión de alguno de los requisitos de la sentencia
previstos por el artículo 342, letras c), d) y e) del CPP. En particular, se suele impugnar
por esta vía la fundamentación de las conclusiones probatorias, reprochándola como
insuficiente o defectuosa a la luz de las exigencias establecidas en el artículo 297 CPP,
que, como se sabe, sujeta la valoración de la prueba a los principios de la lógica, las
máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados y requiere,
además, que la fundamentación de esa valoración sea completa –que se refiera a toda
la prueba producida y a todos los hechos y circunstancia que se den por acreditados– y
permita al lector arribar a las mismas conclusiones afirmadas en la sentencia.
Esta tendencia puede ser interpretada de dos formas. O bien los Tribunales de Juicio
Oral en lo Penal (en adelante TJOP) no están justificando, en general, adecuadamente
las conclusiones probatorias que afirman en sus sentencias, o bien la causal apuntada es
vista como un cajón de sastre en el que, con buena voluntad y algo de maña, todo puede
caber. Cualquiera sea el caso, la tarea de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema
al enfrentarse a esa causal de nulidad es delicada y crucial.
En el marco del sistema restrictivo de recursos establecido por el Código Procesal
Penal, la causal en cuestión constituye la vía fundamental de control de la racionalidad
en el establecimiento judicial de los hechos. El razonable ejercicio de ese control supone,
sin embargo, una tarea ciertamente difícil: la de trazar la frontera entre una motivación
completa y adecuada y una insuficiente o defectuosa. A pesar de su dificultad es
indispensable abordarla y no ceder a dos tentaciones que parecen permitir eludirla. La
primera es la tentación formalista, que restringe la aplicación de la causal a los casos
fáciles de ausencia de consideraciones o argumentos contradictorios. Su debilidad reside
en dejar abierto el paso a arbitrariedades menos evidentes. La segunda tentación es la
vulgarista, que recurre a la causal laxamente, sin hacer esfuerzos por articular criterios
que precisen, en diversas clases de situaciones probatorias, el sentido y el alcance de las
exigencias del artículo 297. El primer peligro que esta segunda tentación envuelve es,
de nuevo, la arbitrariedad, referida ahora a la obtención de la nulidad y el acceso a un
nuevo juicio. Si se invocan los “principios de la lógica”, las “máximas de la experiencia”
Alguna información estadística relevante puede encontrarse en Chaigneau, A., “Tabla detallada de
resúmenes de recursos de nulidad presentados ante la Corte Suprema entre 2000 y 2005”, Política Criminal,
Nº 2, 2006. D2, pp. 1-26.
Esa interpretación vuelve más áspera además la tensión entre el CPP y los tratados internacionales
suscritos por Chile que reconocen un derecho a favor de quien ha sido condenado penalmente para interponer
un recurso ante un tribunal jerárquicamente superior. Vid. al respecto Coloma, R., “Los límites del
recurso de nulidad como mecanismo de control de la decisión sobre los hechos”, en Revista de Derecho de la
Universidad Católica de Temuco, Nº III, 2002, pp. 55-77.
282 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1
o los “conocimientos científicamente afianzados” sin realizar un esfuerzo argumentativo
para diferenciar sus condiciones de aplicación y establecer el nexo entre el concepto y
la solución supuestamente justificada en él, las partes y el público pueden preguntarse
entonces, legítimamente, si no habrá sido la alta exposición pública de un caso, o la
posición social del imputado, lo que determinó que cierta sentencia y cierto juicio
“merecieran” ser anulados. Por otra parte, si la casual de falta de fundamentación se usa
como un flexible cajón de sastre al que recurrir cuando, por cualquier consideración, la
sentencia y el juicio “merezcan” ser anulados, la nulidad perderá el carácter extraordinario
y estricto que tiene en el nuevo diseño procesal penal y se derrochará injustificadamente
el enorme esfuerzo institucional y personal (sobre todo si hay víctimas menores de edad)
que significa la repetición de un juicio.
La sentencia de la Corte Suprema que es objeto de este comentario constituye un
buen ejemplo de la seducción que la tentación vulgarista parece ejercer sobre nuestros
tribunales superiores. Así, el fundamento de la anulación es, según el considerando
décimo cuarto, “que está afectado el mecanismo de la lógica con que se ha debido obrar”,
exigencia de la que no se esboza ninguna caracterización general que permita apreciar
su infracción en el caso concreto. La estrategia elusiva que la sentencia sigue consiste en
identificar las partes de la sentencia anulada que pondrían de manifiesto ese evidente
defecto. El problema es que si miramos la sentencia en cuestión (Sentencia de 13 de
noviembre de 2006 del Tercer TOJP de Santiago), sus posibles insuficiencias no resultan
en absoluto lo evidentes que los argumentos del voto de mayoría de la Segunda Sala
de la Corte Suprema pretenden. Puesto que la sentencia del TOJP es extensísima (más
de doscientas páginas) sólo transcribiré a continuación algunos párrafos que permiten
poner de manifiesto la observación anterior.
La primera ilustración de la afección del “mecanismo de la lógica” sería, según el
considerando décimo quinto, el haber tenido por acreditada la naturaleza y origen de las
lesiones del menor a pesar de haber “aparentes discrepancias entre los informes periciales
producidos en la causa”, “sin que los jueces expliquen o den razón de tal proceder”.
Con todo, en el considerando vigésimo de la sentencia anulada nos encontramos con las
siguientes declaraciones:
“Que en sus alegatos de apertura y clausura la defensa arguyó, en primer término,
que los hechos que se imputan a Tocornal no se cometieron, no ocurrieron nunca
porque no hay indicadores de penetración anal. Para tal efecto presentó a dos peritos,
Carmen Cerda y Luis Ravanal, que periciaron el informe que elaboró el Médico
Legista del Servicio Médico Legal Ricardo Díaz Serani. Ambos peritos de la defensa
Un esfuerzo malgastado que, por otra parte, implica, en nuestro sistema procesal penal, el riesgo
para el condenado en el primer juicio de terminar sometido a una pena más alta en el segundo. Esto es
precisamente lo que ocurrió en el caso que motiva este comentario.
Lo que no excluye, cabe advertir, que la tentación formalista no resulte igualmente sugestiva. Vid. al
respecto mi trabajo “La fundamentación de la declaración de hechos probados en el nuevo proceso penal. Un
diagnóstico”, en Revista de Derecho, Universidad Austral de Chile, Vol. XIX, Nº 2, 2006, p. 15 y nota 13.
2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 283
criticaron la simpleza y falta de descripción del informe de aquel, expresando que
éste no permitía a otros peritos concluir lo que en él se contenía, esto es, que las
supuestas lesiones eran compatibles con el relato del menor.
Que las declaraciones de Cerda y Ravanal serán desestimadas por el tribunal primero,
porque nunca examinaron al menor, y porque sus dichos estuvieron referidos
a un informe escrito, que no fue la prueba rendida en este juicio oral toda vez que
aquella estuvo constituida por la declaración que el perito Díaz Serani prestó en
audiencia y a través de la cual, durante el interrogatorio y contrainterrogatorio,
ilustró al tribunal acerca de las lesiones, zonas blanquecinas, fisuras e hipotonía
que presentaba el ano del niño XX.
“Asimismo, la afirmación de la defensa durante la clausura de que las declaraciones
de estos peritos se encuentran documentadas será desestimada habida cuenta de los
principios y normas de la reforma procesal penal, en virtud de los cuales la prueba a
valorar es la que se rinde en el juicio oral, sin que sea posible que los sentenciadores
revisen la carpeta de la fiscalía o los informes escritos que se contienen en ella.
No dejó de llamar la atención de estos sentenciadores que ambos peritos –Cerda
y Ravanal– se hubiesen limitado a criticar el informe escrito que Díaz Serani que
le era desfavorable a la defensa, pero nada dijeron del de YY [el otro menor], que
les era propicio.
Asimismo, en cuanto al cuestionamiento de la especialidad del perito Díaz Serani,
el tribunal no la considera, porque este médico se desempeña en el Servicio Médico
Legal, efectuando alrededor de 60 pericias al mes relativas a delitos sexuales, en
cambio la perito Cerda está a cargo de la cátedra de Medicina Legal de la Universidad
de Chile y el doctor Luis Ravanal trabajó en el Servicio Médico Legal como jefe
de Tanatología.
Especial detención merece una de las afirmaciones de la perito Cerda Aguilar, la
cual, para cuestionar la experticia de Díaz Serani, refirió que en sus 30 años de
experiencia nunca había visto heridas o fisuras que no fueran a las 6 de la tarde,
en posición cúbito abdominal o mahometana, dando una explicación médica al
respecto, pero que se contradice con jurisprudencia existente en materia de violaciones
por vía anal.
[…] [Se citan tres fallos]
Que para desacreditar el testimonio de Díaz Serani, en lo que atañe a cómo se realizan
las pericias de sexología y quien practica la anamnesis de las víctimas, la defensa
presentó como testigo a Marisol Barra, auxiliar de paramédico en sexología del
Servicio Médico Legal. Su testimonio resultó infructuoso, toda vez que no recordó
las actividades que realizó el día dos de diciembre del 2005, como tampoco haber
atendido a un menor ese día. Sus asertos referidos a las labores que desempeña no
pudieron contradecir a las del doctor Díaz Serani, contrariamente a lo afirmado por
la defensa en su clausura, toda vez que expresó trabajar con un grupo de médicos y
conocer al doctor Díaz Serani, sin que se precisara si ese día trabajó con aquel”.
284 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1
Como se puede apreciar, la parte transcrita de la sentencia del TJOP no omite justificar
la desestimación de los informes periciales aportados por la defensa, como parece
sugerir la sentencia de la Corte Suprema, sino que, por el contrario, aporta argumentos
claramente dirigidos a ese fin. Para fundar la decisión de anular en esta parte de la
sentencia del TJOP habría sido necesario afirmar y justificar el carácter defectuoso o
insuficiente de esos argumentos. Algo que la sentencia de nulidad no hace (incurriendo,
ella sí, por tanto, en una infracción de la exigencia de fundamentación).
Algo semejante ocurre con el segundo de los puntos en los que la sentencia anulada
resultaría defectuosa. De acuerdo al considerando décimo sexto de la sentencia de
nulidad aquélla omite indicar la data de las lesiones o las razones por las que no fue
posible determinarla y las consecuencias que ello pudiera tener en la decisión definitiva.
La lectura del fallo anulado resulta, también en esta ocasión, desconcertante. Por una
parte, el considerando décimo sexto precisa que:
“(…) resultó acreditado que un adulto, accedió carnalmente por vía anal, en distintas
oportunidades, a un menor de 14 años de edad, vulnerando la misma norma prohibitiva,
y efectuando las conductas ilícitas respecto del mismo sujeto pasivo, pero
al no haberse podido determinar el número de veces, ni fechas en que se realizaron
dentro de ese período, se sancionarán como un delito continuado”.
Previamente, en el considerando décimo tercero la sentencia da cuenta de las razones
que permiten arribar, a partir de la prueba aportada en juicio, a esas conclusiones
y argumenta latamente sobre la credibilidad de las declaraciones de la víctima y de los
testigos de oídas y sobre su confirmación con las declaraciones de los peritos. Unas y
otras se reproducen además, in extenso, en el considerando octavo de la sentencia y en
ellas –particularmente en la declaración del médico legista Jorge Díaz Serani– se hace
expresa referencia a la imposibilidad de determinar la fecha exacta de las lesiones.
Por último, en el considerando vigésimo quinto la sentencia anulada vuelve a referirse
a la cuestión de la indeterminación de las fechas en que se habrían cometido los
ilícitos y justifica de qué manera incide esa indeterminación en la decisión que adopta
en definitiva el Tribunal:
“ (…) En cuanto a la pluralidad de acciones, existieron conductas similares entre sí,
ocurridas en distintas fechas, las que no fueron posibles determinar con certeza en
atención a que sólo se contó con la versión de las víctimas, ambos niños pequeños
que se referían en plural, a que estos sucesos ocurrían cuando salían con el padre
durante las visitas reguladas. Esta información no se desprendió indubitadamente
de la prueba aportada, no se pudo determinar los fines de semana que estuvieron con
el padre, y sólo se acreditó que estos eventos ocurrieron más de una vez en el lapso
estimado como aproximado, en sus dos vértices de inicio y fin, lo que constituye el
transcurso de cierto lapso de tiempo entre la ejecución de cada una de las acciones;
todas estas acciones ilícitas se efectuaron en perjuicio de los mismos ofendidos,
2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 285
dándose en consecuencia la unidad de sujetos pasivos, en cada caso, como asimismo,
que en cada uno de ellos, se vulneraron las mismas normas punitivas.
Desde esta perspectiva, los hechos establecidos en los motivos respectivos, constituyen
un conjunto de conductas ilícitas de un mismo sujeto, ejecutadas con el mismo
propósito, en contra de los mismos afectados, dentro de un mismo contexto y en un
lapso de tiempo determinado, en la especie, entre los meses de julio y noviembre
del 2005, y que vulneraron el mismo bien jurídico protegido, la indemnidad sexual
de los menores afectados, sin que se pueda precisar con certeza el número de ellas
ni las fechas en que se realizaron, en consecuencia, sólo cabe aplicar esta figura denominada
delito continuado, sancionando los diversos hechos como un solo delito,
en cada caso, y esta falta de certeza, sobre la cual se ha razonado en forma lata, es
el fundamento que impulsa la consecuente penalidad más baja”.
Por consiguiente, la pretendida omisión de argumentos, denunciada en la sentencia
de nulidad, no parece corresponder tampoco en esta parte a la realidad de la sentencia
anulada. También aquí la impugnación habría debido fundarse en el carácter insuficiente
o defectuoso del razonamiento desarrollado en la sentencia anulada. O bien, si el problema
fuera –como confusamente sugiere el considerando décimo sexto de la sentencia
de la Corte Suprema– la falta de satisfacción de las exigencias doctrinales de la figura
del delito continuado, la impugnación habría debido fundarse entonces en la existencia
de una errónea aplicación de derecho (artículo 373 letra b del CPP), causal que no fue
invocada por la defensa al deducir el recurso.
La perplejidad continúa con respecto al tercer punto que demostraría que en la
sentencia anulada “está afectado el mecanismo de la lógica con que se ha debido obrar”.
Se trata, como denuncia el considerando décimo séptimo de la sentencia de nulidad, de la
falta de sustento de las “conclusiones inconsultas que se han derivado de las exposiciones
los peritos Marlene Martínez y Digadiel Rojas, en cuanto a ciertas características del
imputado”. Esas conclusiones serían, al parecer, las que formula la sentencia anulada en
el considerando vigésimo segundo, en él se ocupa de justificar la desestimación de las
alegaciones del imputado, evaluando su credibilidad. En ese contexto se señala que:
“Su frialdad, evidenciada por la psiquiatra Marlene Martínez y el psicólogo Digadiel
Rojas fue observada por estas jueces, aún cuando habían transcurrido casi nueve
meses después de esas evaluaciones, manteniendo el mismo desafecto y distancia
afectiva que los peritos percibieron”.
Estas conclusiones carecerían de sustento en la sentencia de juicio oral si en ella
no se hiciera referencia al contenido de las declaraciones de los peritos o si éstas no
hicieran alusión alguna al punto en cuestión. Sin embargo, en el considerando octavo
se reproducen las declaraciones de los peritos y en ambas hay referencias claras a la
“frialdad” del imputado:
286 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1
“En todo su relato respecto de la familia hay poca modulación afectiva, esto significa
que es concordante con los contenidos pero lo hace con poca modulación, hay
carencia de emoción, uno esperaría que si habla del hijo y de los problemas de salud
de este que hubiera sintonía, manifestaciones personales y en eso se ve frío como si
tuviera alejado de la situación, cuando habla de su hijo o de su ex esposa pareciera
que habla de otras personas. Esto tiene que ver con la empatía”. [Declaración de
Marlene Martínez]
“Explica que tampoco se advierte un correlato afectivo en su narración, se observa
distancia afectiva con lo que relata. (…) También, explica, evidencia distancia
emocional o frialdad afectiva, hace alusión a los hechos con distancia y devaluando
al hijo, lo describe como un problema, enfermo, no hay ni siquiera afecto depresivo,
esto se advierte, dice, tanto en la clínica como en el test”. [Declaración de
Digadiel Rojas]
De nuevo, entonces, si se toma en cuenta la sentencia anulada en su totalidad, el
defecto imputado no resulta en absoluto evidente. Parece tratarse además, en este caso,
de un eventual defecto relativo a un punto de relevancia bastante menor en el conjunto
de la justificación de la condena, al que difícilmente podría atribuirse influencia en al
parte dispositiva de la sentencia, como requiere el artículo 375 del CPP para que proceda
la declaración de nulidad.
Finalmente, la impugnación que la sentencia de la Corte Suprema hace de la forma
en que la sentencia anulada desestima la prueba documental presenta problemas semejantes
a los antes descritos. A diferencia de lo que ocurre con los anteriores argumentos,
en este último se reconoce que el defecto no consiste en la falta de argumentos sino en
su insuficiencia. Con todo, considerando que son muchos los documentos que la sentencia
de juicio oral individualiza y desestima, la referencia genérica a su insuficiencia no
parece –paradójicamente– suficiente. De hecho, hay casos en los que la insuficiencia de
la justificación de la desestimación no resulta en absoluto obvia. Así ocurre a mi juicio,
por ejemplo, respecto de los siguientes documentos aportados por la defensa:
“9.– Oficio N° 336, de 08 de marzo de 2006 del señor Decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile, respecto del doctor Sergio Canals, que señala
que éste ingresó al Programa de Psiquiatría Infantil, pero que no rindió el examen,
requisito indispensable para optar al título de especialista. (letra c) n º 12 del auto
de apertura)
Este documento será desestimado, porque el doctor Canals nunca negó ese hecho y
reconoció en el juicio que no rindió el examen final en el programa de Especialistas
de Psiquiatría Infantil, porque no se exigía en su época, agregando que aquello no
le impedía dedicarse a atender pacientes infanto juveniles. Asimismo, si la defensa
pretendía con ese documento, cuestionar la idoneidad del perito debió haberlo
hecho valer en la oportunidad en que Canals declaró o al menos haber expresado la
defensa, durante su incorporación por lectura resumida, lo que pretendía acreditar
o desmerecer con ello.
2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 287
10.– Copia de una anamnesis, extendida por la Clínica Alemana, que da cuenta
de atención efectuada por la pediatra doctora Cecilia Álvarez G. al menor XXX
(letra c) n º 17 del auto de apertura). En él se da cuenta de una atención, de fecha
veinte de julio del dos mil cinco, donde figura un diagnóstico de bronquitis aguda
prob. Viral, y se describe como hechos relevantes una “enuresis nocturna hace dos
noches, enfrenta hace dos semanas cambio de colegio y embarazo de la mamá de
segundo matrimonio”.
Este documento será desestimado porque solo da cuenta de un cuadro de bronquitis
del niño, no pudiendo estos jueces darle valor a las conclusiones contenidas en ese
informe, porque la profesional que lo extendió no declaró en el juicio oral como
para haber ilustrado a estas sentenciadoras sobre el alcance de ese diagnóstico”.
Este análisis del último defecto atribuido a la sentencia de juicio oral confirma, a mi
juicio, la imagen que se perfilaba al comienzo: la de una sentencia de nuestro máximo
tribunal que no articula una justificación suficiente de su decisión de anular por falta
de fundamentación y que no parece, por ello, tomar todo lo en serio que debiera la gravedad
de esa decisión y la complejidad de su rol como garante de la racionalidad en la
valoración de la prueba. El voto disidente del abogado integrante Domingo Hernández
entrevé, en cambio, los dos puntos con lucidez cuando se refiere a la insuficiencia de
“la sola mención genérica de estos elementos inherentes a la sana crítica, sin la debida
especificación en cada caso” para “configurar un vicio de nulidad, con las consecuencias
que de ello se derivan”, y a la necesidad de preservar “el rigor en el análisis de la causal
invocada y el imperativo de no desvirtuar el sentido y el alcance de este arbitrio” (consideración
tercera).
SENTENCIA DE NULIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE
LAS CONCLUSIONES PROBATORIAS EN EL CASO TOCORNAL
(CORTE SUPREMA)
Comentario de Daniela Accatino Scagliotti
Santiago, diecisiete de enero de dos mil siete.
Vistos :
Por sentencia de trece de noviembre de dos mil seis, pronunciada en los antecedentes
Rol Interno N° 273-2006 y Rol Único N° 00600170079-9, del Tercer Tribunal de Juicio
Oral en lo Penal de Santiago, integrado por las Juezas señoras Marcela Urrutia Cornejo,
Doris Ocampo Méndez y Olga Fernández Berardi, se absolvió a JORGE ALBERTO
TOCORNAL BABRA, 44 años, soltero, Sub Gerente de banco, cédula de identidad
N° 9.085.645-6, de la acusación formulada en su contra de ser autor de los delitos reiterados
de abuso sexual en la persona de sus hijos menores Jorge y Joaquín ATP, ocurridos
entre julio y noviembre de 2005 en la comuna de Vitacura de esta ciudad.
Asimismo se resolvió condenarlo, como autor de los siguientes ilícitos:
1.– Delito continuado de violación, en grado consumado, perpetrado entre julio y
noviembre de 2005 en la persona de su hijo Joaquín ATP, previsto en el artículo
362 del Código Penal, a la pena de SIETE AÑOS de presidio mayor en su grado
mínimo, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos
políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la
condena.
2.– Delito continuado de abuso sexual, en grado consumado, cometido en la persona
de sus hijos menores Jorge y Joaquín ATP, (ambos menores de 14 años), ocurridos
entre julio y noviembre de 2005 en la comuna de Vitacura de esta ciudad, previstos
en el artículo 366 quater del Código Penal, a la pena de CUATRO AÑOS de
presidio menor en su grado máximo, accesoria de inhabilitación absoluta perpetua
para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos
durante el tiempo de la condena.
Se impone al condenado además, el pago de las costas de la causa, se le priva de
la patria potestad o del derecho a obtenerla, se decreta su interdicción para ejercer la
guarda y ser oído como pariente y se dispone su vigilancia por parte de la autoridad por
los diez años siguientes al cumplimiento de la condena, sin concederle ninguno de los
beneficios alternativos que contempla la Ley N° 18.216/1983, de 14 de mayo.
274 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1
En contra de esta resolución, la Defensa del sentenciado dedujo recurso de nulidad
por las siguientes causales y con el carácter que a continuación se indica:
A) Causal principal, contenida en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal,
esto es, por infracción de Garantías, específicamente del principio de inocencia,
lo que ocurre, en criterio del recurrente, como consecuencia de la inversión de la
carga de la prueba, específicamente con la acreditación de la data de los hechos imputados,
de elementos incriminatorios contra terceros sospechosos y del incidente
formulado con ocasión de la liberación por el Ministerio Público de la Testigo
Cecilia Pesce Ortega.
B) Causal conjunta con la que antecede, y que se funda en el artículo 373 letra a) del
Código Procesal Penal, invocada como vulneración del Debido Proceso, consagrado
en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República,
la que se habría producido con motivo de la investigación de los hechos por parte
del Ministerio Público, acusada como imperfecta y con omisión de diligencias
relevantes relacionadas con la indagación en torno a la participación de terceros.
C) Causal Subsidiaria, por infracción del artículo 374 letra e) del Código Procesal
Penal, lo que habría acontecido por omisión en la sentencia del requisito del artículo
342 letra c), en relación con el artículo 297, del mismo cuerpo de ley.
D) Causal Subsidiaria, sustentada en la vulneración del artículo 374 letra a) del
Código Procesal Penal, a cuyos efectos se estima que la sentencia ha sido dictada
por tribunal incompetente, lo que ocurre considerando lo dispuesto en el
artículo 484 del Código Procesal Penal y la disposición octava transitoria de la
Constitución Política de la República en cuanto a que la fecha inicial de los supuestos
delitos es anterior al 16 de junio de 2005, fecha de inicio de la reforma
procesal penal en Santiago.
Declarado admisible el señalado recurso, por las causales precitadas, se fijó día y
hora para la audiencia de rigor, la que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2006, con la
asistencia de los señores Fiscal, Querellante y Defensor, fijándose fecha para la comunicación
de la sentencia el 17 de enero de 2007, a las 13:00 horas.
Considerando :
A) Causal principal. 373 letra a) del Código Procesal Penal. Infracción de Garantías.
Principio de Inocencia. Inversión de la carga de la prueba.
PRIMERO: Que, la primera causal en que se funda el presente arbitrio, encuentra, a
criterio del recurrente, sustento en el artículo 373 a) del Código Procesal Penal, en
razón de la vulneración del principio de inocencia que ampara al acusado y que se pretende
infringido en este caso.
SEGUNDO: Que, tal razonamiento se construye en base de la tesis según el cual el
tribunal pone de cargo de la defensa acreditar la data de las lesiones sufridas por uno
de los menores víctima, lo que importa en su concepto alterar el peso de la prueba, en
2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 275
términos que la falta de acreditación originó la condena de su representado. Asimismo,
sostiene que la deficiente investigación del Ministerio Público –apartada de las normas
legales y con omisión de diligencias importantes, especialmente en relación con la incriminación
de hechos respecto de terceros no indagados– afectó la garantía señalada, la
que asimismo resulta vulnerada como consecuencia del rechazo del incidente formulado
por su parte con ocasión de la liberación por el Ministerio Público de una testigo de
relevancia. Todo lo anterior, estima, incide en el estándar de convicción que deben adquirir
los sentenciadores, desde que este principio de inocencia es el que hace operativo
el límite de convicción que está dado por la duda razonable.
TERCERO: Que, al respecto, cabe acotar que el reconocimiento expreso –como principio
estructural de todo sistema de enjuiciamiento criminal moderno, y que determina
su funcionalidad tanto en lo formal como en aspectos sustantivos, como asimismo su
adecuada inserción y aceptación en el marco jurídico general de respeto a las garantías
y derechos de las personas– está dado por admitir y velar por la eficaz y efectiva aplicación
del mismo en el caso concreto, lo que importa aceptar que nadie –y en tanto no se
hubiere dictado sentencia ejecutoriada en su contra, con los resguardos jurídicos de un
debido proceso– puede ser estimado culpable de un delito, ni tratado como tal.
Que sólo con dicho proceder, y en mérito de tal acto jurisdiccional, como es la sentencia,
es posible asegurar las garantías de un debido proceso.
CUARTO: Que, en lo substantivo, la necesaria acreditación por parte del Ministerio
Público de todos los presupuestos fácticos que sirven de fundamento a su acusación,
tanto los que dicen relación con el hecho punible materia de ella, sus circunstancias
y las que determinan la participación culpable del imputado, en un justo y racional
procedimiento, deberán emanar necesaria e ineludiblemente de la prueba producida en
la audiencia del juicio oral, la que en su formulación ha de ajustarse a los principios de
publicidad, contradicción e inmediación, conforme a la cual los sentenciadores deberán
formar su convicción, en los términos exigidos por el artículo 297 del Código Procesal
Penal.
QUINTO: Que, en tal desarrollo, sin perjuicio de lo señalado, y atendido que la necesidad
probatoria se plantea como un proceso dinámico, resultante de las diversas
formas que pueda asumir la defensa, y que determinarán o impondrán según el caso
el despliegue de alguna actividad en tal sentido, particularmente cuando frente a los
reproches del Ministerio Público se formule alguna tesis o teoría alternativa de aquélla,
caso en el cual será de su cargo acreditarla, sin que por ello se pueda sostener que se
afecte el debido proceso o el carácter de inocente del acusado, ya que como se ha venido
diciendo la convicción de los jueces, ya para acoger la acusación, ya para desestimarla,
ya para admitir los planteamientos alternativos de la defensa, deberá ser consecuencia
de la acreditación de los mismos mediante la prueba producida en la audiencia.
276 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1
SEXTO: Que, así las cosas, y en relación con el motivo de nulidad que nos convoca,
no puede sostenerse que los argumentos que ha planteado el recurrente –ya en relación
con el establecimiento de la data de las lesiones sufridas por el menor Joaquín ATP,
cuya precisión o fecha no fue establecida sino entre dos rangos de tiempo, entre los
cuales se habría producido la agresión sexual a dicho menor, situación que por lo demás
llevó a los jueces a calificar el delito como continuado considerando la ocurrencia de
las conductas imputadas, ni aquello que no resulta ser materia de la acusación fiscal
como es la intervención de terceros en los hechos, cuestión introducida al proceso por
la defensa, como lo relacionado con el rechazo de una incidencia durante la audiencia
relativa a la liberación de una testigo por parte de la fiscalía– como lo pretende el señor
defensor, importen o conlleven alterar la carga de la prueba y con ello concluir que se
lesiona el principio de inocencia. Cabe tener presente al efecto, que tal acontecer no ha
importado liberar al órgano persecutor de acreditar sus pretensiones, como tampoco
imponer a la defensa la prueba de cargos, ya que el establecimiento de los presupuestos
que introdujo esta última al juicio, y que pudieren haber sido de mérito para generar
alguna duda razonable en los sentenciadores en términos que los determinara a resolver
de una manera diferente a como lo han hecho, no importan la vulneración que por
esta causal ha sido formulada, considerando que la valoración emana, por cierto, de la
prueba aportada al juicio.
SÉPTIMO: Que, por lo expuesto, consecuencialmente no se acogerá la presente
causal.
B) Causal principal conjunta. 373 letra a) del Código Procesal Penal por vulneración
del Debido Proceso.
OCTAVO: Que, el segundo motivo en que se funda este arbitrio y que se ha formulado
conjuntamente con el principal, se sustenta en el artículo 373 letra a) del Código
Procesal Penal, cuya trasgresión se habría producido por vulneración de la Garantía del
Debido Proceso, establecida en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política
de la República, como consecuencia de la deficiente investigación desarrollada por el
órgano persecutor en cuanto imperfecta y no ajustada al estándar legalmente exigible.
NOVENO: Que, de lo expuesto es claro que el vicio que sirve de soporte al presente
recurso, se relaciona con la “calidad” de la investigación del Ministerio Público, órgano
a quien por imperativo del artículo 83 de la Constitución Política de la República le
corresponde de manera exclusiva la investigación y el ejercicio de la acción penal, actividad
que ha sido reglamentada en el Código Procesal Penal, y sujeta a los controles
que la misma ley establece, como son aquellos dados al Juez de Garantía, al imputado
y demás intervinientes. De tal manera que, aún hipotética o especulativamente, para
el caso de ser efectiva la afirmación de la Defensa, en cuanto a las deficiencias, infracciones
y omisiones que ha señalado, ellas debieron ser materia de reclamación en la
oportunidad correspondiente, es decir durante el curso de dicha investigación y aún en
la etapa de preparación de juicio oral, por vía de exclusión de prueba, por lo que, al no
2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 277
hacerlo, los reproches en que busca asilo, resultan improcedentes, y no pueden servir
de fundamento al presente recurso.
Que en todo caso, lo sostenido es sin perjuicio de la valoración que de los antecedentes
de prueba aportados al juicio en cuestión y en su caso, pudieron hacer los
jueces del tribunal de Juicio Oral, ya para dar mérito a las pruebas aportadas, o bien
para desmerecerlas en razón de su génesis contraria a las normas legales o constitucionales
que reglan la labor del Ministerio Público, única formula que resulta procedente
en dicho estadio procesal y que se comprenden en las facultades de los Jueces de este
último Tribunal.
DÉCIMO: Que, acorde a lo razonado, no se hará lugar al acogimiento del recurso interpuesto
por este motivo.
C) Causal subsidiaria. Infracción del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal,
en relación con los artículos 342 letra c) y 297, todos de este mismo cuerpo de
ley.
UNDÉCIMO: Que la tercera causal, planteada como subsidiaria de las precedentemente
referidas, encuentra anclaje en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, la
que al decir del recurrente, se ha configurado por omisión en la sentencia del requisito
del artículo 342 letra c), en relación con el artículo 297, del mismo cuerpo legal, en
razón de sobrepasar dicha resolución los límites de la libre valoración de la prueba, al
no contener una exposición clara, lógica y completa, no sólo de los hechos y circunstancias
de la causa, sino también de aquellos que dicen relación con la valoración de
los medios de prueba en que se fundamentan sus conclusiones, lo que determina en
definitiva que el fallo recurrido arribara a juicios parciales y equivocados.
DUODÉCIMO: Que, es menester dejar sentado que el régimen probatorio adoptado
en el nuevo sistema y que comprende por una parte la libertad de prueba y por la
otra, la libre valoración de la misma –dos aspectos indispensables para su adecuada
funcionalidad– no puede sino tener otros límites que los expresamente dados por el
legislador, cuales lo son, la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos
científicamente afianzados, todo lo cual ha de materializarse en la fundamentación de
las decisiones judiciales, de tal forma que estas guarden la correspondiente armonía con
los extremos señalados, en términos de satisfacer los fines del proceso, manera en que
se legitiman las resoluciones judiciales, particularmente aquellas contenidas en una
sentencia definitiva, en el contexto de la seguridad jurídica y de la paz social.
DÉCIMO TERCERO: Que, en dicho mérito, y del tenor del extenso fallo que ha precedido
a la decisión de los sentenciadores, quienes incluso, como plus han trascrito las
diversas actuaciones llevadas a efecto en la audiencia, sin que ello sea una exigencia de
las estrictamente necesarias que señala el artículo 342 del Código Procesal Penal –es
sólo a partir de la motivación decimotercera, donde se da inicio al análisis de la prueba
278 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1
que han percibido por sus sentidos y que en dicho contexto les corresponde exclusivamente
ponderar– arriban a la conclusión que en relación con la acusación Fiscal relativa
a los delitos de violación del menor Jorge ATP y de abuso sexual de los menores Jorge y
Joaquín ATP, se habrían acreditado tanto aquellos como estos, así como la participación
que en calidad de autor ha correspondido en ellos al imputado.
DÉCIMO CUARTO: Que, sin embargo, tales consideraciones no se ajustan al raciocinio
propio del marco legal a la hora de arribar a la decisión condenatoria, ya que está
afectado el mecanismo de la lógica con que se ha debido obrar en relación a los tópicos
que se han planteado en el recurso por esta causal, ya para acoger la prueba de la fiscalía,
ya para desestimar aquella aportada por la defensa, como al referirse a los hechos no
probados de la causa en relación con tales ilícitos.
DÉCIMO QUINTO: Que, en efecto y como se ha advertido en el libelo, la existencia
de aparentes discrepancias entre los informes periciales producidos en la causa, en
cuanto a la fecha y naturaleza de las lesiones que han sido advertidas en el menor, no
han sido obstáculo para tener por sentada su naturaleza y origen, lo que sin embargo,
ha ocurrido sin que los jueces expliquen o den razón de tal proceder, omisión que importa
transgredir el precepto del artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, sin
que pueda sostenerse como lo pretende Fiscalía, que por tratarse de una cuestión accesoria
o inexistente, sea suficiente para subsanarla y despejar las dudas que al respecto se
plantean, más aun cuando tales afirmaciones deben provenir precisamente del Tribunal
y no de las partes del juicio.
DÉCIMO SEXTO: Que, del mismo modo y para cumplir los fines de fundamentación
del fallo, particularmente aquel que permita reproducir de forma clara y precisar el
razonamiento de los sentenciadores, no concurre, a la hora de decidir, cuál es la data de
las lesiones, las razones por las cuales no fue posible determinar le fecha en que ocurrieron,
ya sean estas positivas o negativas, y las consecuencias, si alguna tuviere, en la
decisión definitiva y en relación con los planteamientos de la defensa. Más aún cuando
en base a dicha indeterminación se llegó a concluir que los delitos acreditados tenían el
carácter de continuados, sin que, y por las mismas razones, se satisfagan las exigencias
doctrinarias dadas para tal figura, de lo que resulta que el lógico encadenamiento de
pruebas, valoración de la misma, hechos probados o no probados, y conclusiones, en la
especie no resulta de una secuencia correlativa de etapas, o procesos ya materiales, ya
intelectuales, lo que impide, como se ha anticipado, satisfacer los requerimientos perentorios
de la norma del artículo 342 letra c) y en relación con el artículo 297, ambas
del Código Procesal Penal.
DÉCIMO SÉPTIMO: Que, las anteriores reflexiones son igualmente aplicables al planteamiento
que formula el recurrente en relación con las conclusiones inconsultas que
se han derivado de las exposiciones de los peritos Marlene Martínez y Digadiel Rojas,
en cuanto a ciertas características del imputado, por lo que las mismas, sin el idóneo
2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 279
sustento, impide a los jueces arribar a ellas, ya sea por carecer de tales conocimientos,
ya por no existir antecedentes de tal naturaleza que la determinen.
DÉCIMO OCTAVO: Que, por lo demás y a mayor abundamiento, cabe señalar que
la forma general como el Tribunal ha procedido para rechazar la prueba documental
producida en la causa, sin perjuicio de la nominación que en cada caso y respecto de
los instrumentos en cuestión se ha dado, resulta del todo insuficiente ya para atribuirle
mérito o bien restárselo sin siquiera ilustrar o precisar el porqué ellos no son significativos
o no aportan elementos de juicio a la hora de su ponderación.
DÉCIMO NOVENO: Que, conforme lo dicho, el presente recurso será acogido por esta
causal en análisis, resultando por consiguiente innecesario pronunciarse por el motivo
cuarto de nulidad, esto es la causal subsidiaria que se funda en el artículo 374 letra A)
del Código Procesal Penal.
Y visto lo dispuesto en los artículos 297, 342, 372, 374 letra e), 376, 383, 384,
386 del Código Procesal Penal, se acoge el recurso, de nulidad deducido por la Defensa
del imputado Jorge Alberto Tocornal Babra, por la causal tercera subsidiaria, esto es,
la del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, declarándose por consiguiente la
nulidad del juicio y de la sentencia de tres de noviembre de dos mil seis, dictada en estos
antecedentes por la Tercera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago,
debiendo procederse a realizar un nuevo juicio ante tribunal no inhabilitado.
Acordada con el voto en contra de abogado integrante Sr. Domingo Hernández E.,
quien estuvo por rechazar el recurso en estudio por todas las causales formuladas, en
atención a las siguientes consideraciones:
1. Que en lo que dice relación con los dos primeros motivos de invalidación que se
han esgrimido, comparte los fundamentos dados en la presente sentencia y los hace
suyos.
2 Que en lo concerniente a la causal tercera subsidiaria y que dice relación con la
infracción al artículo 342 letra c) en relación al artículo 297 del Código Procesal
Penal, la que se fundamenta en el motivo de nulidad que contempla el artículo
374 letra e) del señalado cuerpo legal, estima que los planteamientos del recurrente
sólo dicen relación con una diversa valoración de la prueba aportada al proceso,
cuya ponderación, por ser de la esencia de la potestad jurisdiccional, compete de
manera exclusiva a los jueces de la causa, toda vez que, y en razón de los principios
de la inmediación, contradicción y oralidad, sólo estos se encuentran en situación
de aquilatarla.
3. Que, en tal contexto, la diversa apreciación que de la prueba rendida tuviere el
recurrente, no puede servir de fundamento a un recurso de carácter extraordinario
y estricto como el que se analiza, más aún cuando de su exposición no aparece que
se hubiere incurrido en los vicios que se denuncian.
En efecto, del examen del fallo impugnado se desprende que los jueces se han
hecho cargo de la prueba rendida, dando en cada caso los fundamentos que permiten
claramente comprender las razones por las cuales fue admitida o rechazada,
280 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1
exponiendo igualmente y de manera lógica las consideraciones que en virtud de
ella les fue posible arribar para el establecimiento de los hechos que tuvieron por
sentados, los que por reunir en su caso las exigencias típicas, pudieron ser calificados
acorde con los delitos que establecen y sancionan los artículos 362 y 366
quarter del Código Penal, de tal suerte que no surge ninguna duda en cuanto a que
la sentencia en cuestión cumple a cabalidad con los requisitos del artículo 342,
letra c), sin que los extremos probatorios dados por el artículo 297 del Código
Procesal Penal, hubieren sido sobrepasados, desde que no se advierte, más aún ni
el recurrente lo señala, cuál es el principio de la lógica contrariado, ni los conocimientos
científicos transgredidos, menos aún se refiere el recurso a las máximas
de la experiencia, sin que la sola mención genérica de estos elementos inherentes
a la sana crítica, sin la debida especificación en cada caso, pueda revestir mérito
suficiente para configurar un vicio de nulidad, con las consecuencias que de ello
deriva, particularmente en el caso de autos, desde que la anulación del fallo conlleva
la realización de un nuevo juicio y, por consiguiente, una nueva exposición
de las víctimas de corta edad, a los trámites y tensiones que eso significa, por lo
que el rigor en el análisis de la causal invocada y el imperativo de no desvirtuar
el sentido y alcance de este arbitrio, llevan a este disidente a rechazar la presente
causal de invalidación.
4. Que, por último, y en relación con la causal del artículo 374 letra A del Código
Procesal Penal, y dado que es un hecho de la causa que los sucesos acontecieron
entre julio y noviembre de dos mil cinco, fecha en la que se encontraba plenamente
vigente en la región metropolitana la novel justicia penal, el conocimiento de
estos antecedentes ha sido sometido y resuelto por el tribunal que conforme a la
ley, naturalmente era llamado a ello, por lo que en la especie no se configure el
vicio que por esta causal se ha reclamado.
5. Que, por lo expuesto, estuvo por rechazar el recurso en todas sus partes y, en consecuencia,
declarar que el juicio oral de autos, así como la sentencia de trece de
noviembre de dos mil seis, pronunciada por la Tercera Sala del Tribunal del Juicio
Oral en lo Penal de Santiago, no son nulos.
Redacción del Abogado Integrante señor Juan Carlos Cárcamo Olmos y del voto
disidente su autor.
Regístrese y devuélvase.
Rol N° 6112-06.
Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Alberto Chaigneau
del C., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y los abogados integrantes Sres. Juan
Carlos Cárcamo O. y Domingo Hernández E.
Autoriza el Secretario de esta Corte Suprema don Carlos Meneses Pizarro.
2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 281
Comentario
Entre las causales de nulidad previstas por el Código Procesal Penal (CPP), hay una
que es invocada con mucha frecuencia por los recurrentes, a veces como causal principal,
pero sobre todo –como ocurre en el caso que es objeto de este comentario– como causal
conjunta o subsidiaria. Se trata de la omisión de alguno de los requisitos de la sentencia
previstos por el artículo 342, letras c), d) y e) del CPP. En particular, se suele impugnar
por esta vía la fundamentación de las conclusiones probatorias, reprochándola como
insuficiente o defectuosa a la luz de las exigencias establecidas en el artículo 297 CPP,
que, como se sabe, sujeta la valoración de la prueba a los principios de la lógica, las
máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados y requiere,
además, que la fundamentación de esa valoración sea completa –que se refiera a toda
la prueba producida y a todos los hechos y circunstancia que se den por acreditados– y
permita al lector arribar a las mismas conclusiones afirmadas en la sentencia.
Esta tendencia puede ser interpretada de dos formas. O bien los Tribunales de Juicio
Oral en lo Penal (en adelante TJOP) no están justificando, en general, adecuadamente
las conclusiones probatorias que afirman en sus sentencias, o bien la causal apuntada es
vista como un cajón de sastre en el que, con buena voluntad y algo de maña, todo puede
caber. Cualquiera sea el caso, la tarea de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema
al enfrentarse a esa causal de nulidad es delicada y crucial.
En el marco del sistema restrictivo de recursos establecido por el Código Procesal
Penal, la causal en cuestión constituye la vía fundamental de control de la racionalidad
en el establecimiento judicial de los hechos. El razonable ejercicio de ese control supone,
sin embargo, una tarea ciertamente difícil: la de trazar la frontera entre una motivación
completa y adecuada y una insuficiente o defectuosa. A pesar de su dificultad es
indispensable abordarla y no ceder a dos tentaciones que parecen permitir eludirla. La
primera es la tentación formalista, que restringe la aplicación de la causal a los casos
fáciles de ausencia de consideraciones o argumentos contradictorios. Su debilidad reside
en dejar abierto el paso a arbitrariedades menos evidentes. La segunda tentación es la
vulgarista, que recurre a la causal laxamente, sin hacer esfuerzos por articular criterios
que precisen, en diversas clases de situaciones probatorias, el sentido y el alcance de las
exigencias del artículo 297. El primer peligro que esta segunda tentación envuelve es,
de nuevo, la arbitrariedad, referida ahora a la obtención de la nulidad y el acceso a un
nuevo juicio. Si se invocan los “principios de la lógica”, las “máximas de la experiencia”
Alguna información estadística relevante puede encontrarse en Chaigneau, A., “Tabla detallada de
resúmenes de recursos de nulidad presentados ante la Corte Suprema entre 2000 y 2005”, Política Criminal,
Nº 2, 2006. D2, pp. 1-26.
Esa interpretación vuelve más áspera además la tensión entre el CPP y los tratados internacionales
suscritos por Chile que reconocen un derecho a favor de quien ha sido condenado penalmente para interponer
un recurso ante un tribunal jerárquicamente superior. Vid. al respecto Coloma, R., “Los límites del
recurso de nulidad como mecanismo de control de la decisión sobre los hechos”, en Revista de Derecho de la
Universidad Católica de Temuco, Nº III, 2002, pp. 55-77.
282 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1
o los “conocimientos científicamente afianzados” sin realizar un esfuerzo argumentativo
para diferenciar sus condiciones de aplicación y establecer el nexo entre el concepto y
la solución supuestamente justificada en él, las partes y el público pueden preguntarse
entonces, legítimamente, si no habrá sido la alta exposición pública de un caso, o la
posición social del imputado, lo que determinó que cierta sentencia y cierto juicio
“merecieran” ser anulados. Por otra parte, si la casual de falta de fundamentación se usa
como un flexible cajón de sastre al que recurrir cuando, por cualquier consideración, la
sentencia y el juicio “merezcan” ser anulados, la nulidad perderá el carácter extraordinario
y estricto que tiene en el nuevo diseño procesal penal y se derrochará injustificadamente
el enorme esfuerzo institucional y personal (sobre todo si hay víctimas menores de edad)
que significa la repetición de un juicio.
La sentencia de la Corte Suprema que es objeto de este comentario constituye un
buen ejemplo de la seducción que la tentación vulgarista parece ejercer sobre nuestros
tribunales superiores. Así, el fundamento de la anulación es, según el considerando
décimo cuarto, “que está afectado el mecanismo de la lógica con que se ha debido obrar”,
exigencia de la que no se esboza ninguna caracterización general que permita apreciar
su infracción en el caso concreto. La estrategia elusiva que la sentencia sigue consiste en
identificar las partes de la sentencia anulada que pondrían de manifiesto ese evidente
defecto. El problema es que si miramos la sentencia en cuestión (Sentencia de 13 de
noviembre de 2006 del Tercer TOJP de Santiago), sus posibles insuficiencias no resultan
en absoluto lo evidentes que los argumentos del voto de mayoría de la Segunda Sala
de la Corte Suprema pretenden. Puesto que la sentencia del TOJP es extensísima (más
de doscientas páginas) sólo transcribiré a continuación algunos párrafos que permiten
poner de manifiesto la observación anterior.
La primera ilustración de la afección del “mecanismo de la lógica” sería, según el
considerando décimo quinto, el haber tenido por acreditada la naturaleza y origen de las
lesiones del menor a pesar de haber “aparentes discrepancias entre los informes periciales
producidos en la causa”, “sin que los jueces expliquen o den razón de tal proceder”.
Con todo, en el considerando vigésimo de la sentencia anulada nos encontramos con las
siguientes declaraciones:
“Que en sus alegatos de apertura y clausura la defensa arguyó, en primer término,
que los hechos que se imputan a Tocornal no se cometieron, no ocurrieron nunca
porque no hay indicadores de penetración anal. Para tal efecto presentó a dos peritos,
Carmen Cerda y Luis Ravanal, que periciaron el informe que elaboró el Médico
Legista del Servicio Médico Legal Ricardo Díaz Serani. Ambos peritos de la defensa
Un esfuerzo malgastado que, por otra parte, implica, en nuestro sistema procesal penal, el riesgo
para el condenado en el primer juicio de terminar sometido a una pena más alta en el segundo. Esto es
precisamente lo que ocurrió en el caso que motiva este comentario.
Lo que no excluye, cabe advertir, que la tentación formalista no resulte igualmente sugestiva. Vid. al
respecto mi trabajo “La fundamentación de la declaración de hechos probados en el nuevo proceso penal. Un
diagnóstico”, en Revista de Derecho, Universidad Austral de Chile, Vol. XIX, Nº 2, 2006, p. 15 y nota 13.
2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 283
criticaron la simpleza y falta de descripción del informe de aquel, expresando que
éste no permitía a otros peritos concluir lo que en él se contenía, esto es, que las
supuestas lesiones eran compatibles con el relato del menor.
Que las declaraciones de Cerda y Ravanal serán desestimadas por el tribunal primero,
porque nunca examinaron al menor, y porque sus dichos estuvieron referidos
a un informe escrito, que no fue la prueba rendida en este juicio oral toda vez que
aquella estuvo constituida por la declaración que el perito Díaz Serani prestó en
audiencia y a través de la cual, durante el interrogatorio y contrainterrogatorio,
ilustró al tribunal acerca de las lesiones, zonas blanquecinas, fisuras e hipotonía
que presentaba el ano del niño XX.
“Asimismo, la afirmación de la defensa durante la clausura de que las declaraciones
de estos peritos se encuentran documentadas será desestimada habida cuenta de los
principios y normas de la reforma procesal penal, en virtud de los cuales la prueba a
valorar es la que se rinde en el juicio oral, sin que sea posible que los sentenciadores
revisen la carpeta de la fiscalía o los informes escritos que se contienen en ella.
No dejó de llamar la atención de estos sentenciadores que ambos peritos –Cerda
y Ravanal– se hubiesen limitado a criticar el informe escrito que Díaz Serani que
le era desfavorable a la defensa, pero nada dijeron del de YY [el otro menor], que
les era propicio.
Asimismo, en cuanto al cuestionamiento de la especialidad del perito Díaz Serani,
el tribunal no la considera, porque este médico se desempeña en el Servicio Médico
Legal, efectuando alrededor de 60 pericias al mes relativas a delitos sexuales, en
cambio la perito Cerda está a cargo de la cátedra de Medicina Legal de la Universidad
de Chile y el doctor Luis Ravanal trabajó en el Servicio Médico Legal como jefe
de Tanatología.
Especial detención merece una de las afirmaciones de la perito Cerda Aguilar, la
cual, para cuestionar la experticia de Díaz Serani, refirió que en sus 30 años de
experiencia nunca había visto heridas o fisuras que no fueran a las 6 de la tarde,
en posición cúbito abdominal o mahometana, dando una explicación médica al
respecto, pero que se contradice con jurisprudencia existente en materia de violaciones
por vía anal.
[…] [Se citan tres fallos]
Que para desacreditar el testimonio de Díaz Serani, en lo que atañe a cómo se realizan
las pericias de sexología y quien practica la anamnesis de las víctimas, la defensa
presentó como testigo a Marisol Barra, auxiliar de paramédico en sexología del
Servicio Médico Legal. Su testimonio resultó infructuoso, toda vez que no recordó
las actividades que realizó el día dos de diciembre del 2005, como tampoco haber
atendido a un menor ese día. Sus asertos referidos a las labores que desempeña no
pudieron contradecir a las del doctor Díaz Serani, contrariamente a lo afirmado por
la defensa en su clausura, toda vez que expresó trabajar con un grupo de médicos y
conocer al doctor Díaz Serani, sin que se precisara si ese día trabajó con aquel”.
284 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1
Como se puede apreciar, la parte transcrita de la sentencia del TJOP no omite justificar
la desestimación de los informes periciales aportados por la defensa, como parece
sugerir la sentencia de la Corte Suprema, sino que, por el contrario, aporta argumentos
claramente dirigidos a ese fin. Para fundar la decisión de anular en esta parte de la
sentencia del TJOP habría sido necesario afirmar y justificar el carácter defectuoso o
insuficiente de esos argumentos. Algo que la sentencia de nulidad no hace (incurriendo,
ella sí, por tanto, en una infracción de la exigencia de fundamentación).
Algo semejante ocurre con el segundo de los puntos en los que la sentencia anulada
resultaría defectuosa. De acuerdo al considerando décimo sexto de la sentencia de
nulidad aquélla omite indicar la data de las lesiones o las razones por las que no fue
posible determinarla y las consecuencias que ello pudiera tener en la decisión definitiva.
La lectura del fallo anulado resulta, también en esta ocasión, desconcertante. Por una
parte, el considerando décimo sexto precisa que:
“(…) resultó acreditado que un adulto, accedió carnalmente por vía anal, en distintas
oportunidades, a un menor de 14 años de edad, vulnerando la misma norma prohibitiva,
y efectuando las conductas ilícitas respecto del mismo sujeto pasivo, pero
al no haberse podido determinar el número de veces, ni fechas en que se realizaron
dentro de ese período, se sancionarán como un delito continuado”.
Previamente, en el considerando décimo tercero la sentencia da cuenta de las razones
que permiten arribar, a partir de la prueba aportada en juicio, a esas conclusiones
y argumenta latamente sobre la credibilidad de las declaraciones de la víctima y de los
testigos de oídas y sobre su confirmación con las declaraciones de los peritos. Unas y
otras se reproducen además, in extenso, en el considerando octavo de la sentencia y en
ellas –particularmente en la declaración del médico legista Jorge Díaz Serani– se hace
expresa referencia a la imposibilidad de determinar la fecha exacta de las lesiones.
Por último, en el considerando vigésimo quinto la sentencia anulada vuelve a referirse
a la cuestión de la indeterminación de las fechas en que se habrían cometido los
ilícitos y justifica de qué manera incide esa indeterminación en la decisión que adopta
en definitiva el Tribunal:
“ (…) En cuanto a la pluralidad de acciones, existieron conductas similares entre sí,
ocurridas en distintas fechas, las que no fueron posibles determinar con certeza en
atención a que sólo se contó con la versión de las víctimas, ambos niños pequeños
que se referían en plural, a que estos sucesos ocurrían cuando salían con el padre
durante las visitas reguladas. Esta información no se desprendió indubitadamente
de la prueba aportada, no se pudo determinar los fines de semana que estuvieron con
el padre, y sólo se acreditó que estos eventos ocurrieron más de una vez en el lapso
estimado como aproximado, en sus dos vértices de inicio y fin, lo que constituye el
transcurso de cierto lapso de tiempo entre la ejecución de cada una de las acciones;
todas estas acciones ilícitas se efectuaron en perjuicio de los mismos ofendidos,
2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 285
dándose en consecuencia la unidad de sujetos pasivos, en cada caso, como asimismo,
que en cada uno de ellos, se vulneraron las mismas normas punitivas.
Desde esta perspectiva, los hechos establecidos en los motivos respectivos, constituyen
un conjunto de conductas ilícitas de un mismo sujeto, ejecutadas con el mismo
propósito, en contra de los mismos afectados, dentro de un mismo contexto y en un
lapso de tiempo determinado, en la especie, entre los meses de julio y noviembre
del 2005, y que vulneraron el mismo bien jurídico protegido, la indemnidad sexual
de los menores afectados, sin que se pueda precisar con certeza el número de ellas
ni las fechas en que se realizaron, en consecuencia, sólo cabe aplicar esta figura denominada
delito continuado, sancionando los diversos hechos como un solo delito,
en cada caso, y esta falta de certeza, sobre la cual se ha razonado en forma lata, es
el fundamento que impulsa la consecuente penalidad más baja”.
Por consiguiente, la pretendida omisión de argumentos, denunciada en la sentencia
de nulidad, no parece corresponder tampoco en esta parte a la realidad de la sentencia
anulada. También aquí la impugnación habría debido fundarse en el carácter insuficiente
o defectuoso del razonamiento desarrollado en la sentencia anulada. O bien, si el problema
fuera –como confusamente sugiere el considerando décimo sexto de la sentencia
de la Corte Suprema– la falta de satisfacción de las exigencias doctrinales de la figura
del delito continuado, la impugnación habría debido fundarse entonces en la existencia
de una errónea aplicación de derecho (artículo 373 letra b del CPP), causal que no fue
invocada por la defensa al deducir el recurso.
La perplejidad continúa con respecto al tercer punto que demostraría que en la
sentencia anulada “está afectado el mecanismo de la lógica con que se ha debido obrar”.
Se trata, como denuncia el considerando décimo séptimo de la sentencia de nulidad, de la
falta de sustento de las “conclusiones inconsultas que se han derivado de las exposiciones
los peritos Marlene Martínez y Digadiel Rojas, en cuanto a ciertas características del
imputado”. Esas conclusiones serían, al parecer, las que formula la sentencia anulada en
el considerando vigésimo segundo, en él se ocupa de justificar la desestimación de las
alegaciones del imputado, evaluando su credibilidad. En ese contexto se señala que:
“Su frialdad, evidenciada por la psiquiatra Marlene Martínez y el psicólogo Digadiel
Rojas fue observada por estas jueces, aún cuando habían transcurrido casi nueve
meses después de esas evaluaciones, manteniendo el mismo desafecto y distancia
afectiva que los peritos percibieron”.
Estas conclusiones carecerían de sustento en la sentencia de juicio oral si en ella
no se hiciera referencia al contenido de las declaraciones de los peritos o si éstas no
hicieran alusión alguna al punto en cuestión. Sin embargo, en el considerando octavo
se reproducen las declaraciones de los peritos y en ambas hay referencias claras a la
“frialdad” del imputado:
286 REVISTA DE DERECHO [VOLUMEN XX- Nº 1
“En todo su relato respecto de la familia hay poca modulación afectiva, esto significa
que es concordante con los contenidos pero lo hace con poca modulación, hay
carencia de emoción, uno esperaría que si habla del hijo y de los problemas de salud
de este que hubiera sintonía, manifestaciones personales y en eso se ve frío como si
tuviera alejado de la situación, cuando habla de su hijo o de su ex esposa pareciera
que habla de otras personas. Esto tiene que ver con la empatía”. [Declaración de
Marlene Martínez]
“Explica que tampoco se advierte un correlato afectivo en su narración, se observa
distancia afectiva con lo que relata. (…) También, explica, evidencia distancia
emocional o frialdad afectiva, hace alusión a los hechos con distancia y devaluando
al hijo, lo describe como un problema, enfermo, no hay ni siquiera afecto depresivo,
esto se advierte, dice, tanto en la clínica como en el test”. [Declaración de
Digadiel Rojas]
De nuevo, entonces, si se toma en cuenta la sentencia anulada en su totalidad, el
defecto imputado no resulta en absoluto evidente. Parece tratarse además, en este caso,
de un eventual defecto relativo a un punto de relevancia bastante menor en el conjunto
de la justificación de la condena, al que difícilmente podría atribuirse influencia en al
parte dispositiva de la sentencia, como requiere el artículo 375 del CPP para que proceda
la declaración de nulidad.
Finalmente, la impugnación que la sentencia de la Corte Suprema hace de la forma
en que la sentencia anulada desestima la prueba documental presenta problemas semejantes
a los antes descritos. A diferencia de lo que ocurre con los anteriores argumentos,
en este último se reconoce que el defecto no consiste en la falta de argumentos sino en
su insuficiencia. Con todo, considerando que son muchos los documentos que la sentencia
de juicio oral individualiza y desestima, la referencia genérica a su insuficiencia no
parece –paradójicamente– suficiente. De hecho, hay casos en los que la insuficiencia de
la justificación de la desestimación no resulta en absoluto obvia. Así ocurre a mi juicio,
por ejemplo, respecto de los siguientes documentos aportados por la defensa:
“9.– Oficio N° 336, de 08 de marzo de 2006 del señor Decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile, respecto del doctor Sergio Canals, que señala
que éste ingresó al Programa de Psiquiatría Infantil, pero que no rindió el examen,
requisito indispensable para optar al título de especialista. (letra c) n º 12 del auto
de apertura)
Este documento será desestimado, porque el doctor Canals nunca negó ese hecho y
reconoció en el juicio que no rindió el examen final en el programa de Especialistas
de Psiquiatría Infantil, porque no se exigía en su época, agregando que aquello no
le impedía dedicarse a atender pacientes infanto juveniles. Asimismo, si la defensa
pretendía con ese documento, cuestionar la idoneidad del perito debió haberlo
hecho valer en la oportunidad en que Canals declaró o al menos haber expresado la
defensa, durante su incorporación por lectura resumida, lo que pretendía acreditar
o desmerecer con ello.
2007] JURISPRUDENCIA COMENTADA 287
10.– Copia de una anamnesis, extendida por la Clínica Alemana, que da cuenta
de atención efectuada por la pediatra doctora Cecilia Álvarez G. al menor XXX
(letra c) n º 17 del auto de apertura). En él se da cuenta de una atención, de fecha
veinte de julio del dos mil cinco, donde figura un diagnóstico de bronquitis aguda
prob. Viral, y se describe como hechos relevantes una “enuresis nocturna hace dos
noches, enfrenta hace dos semanas cambio de colegio y embarazo de la mamá de
segundo matrimonio”.
Este documento será desestimado porque solo da cuenta de un cuadro de bronquitis
del niño, no pudiendo estos jueces darle valor a las conclusiones contenidas en ese
informe, porque la profesional que lo extendió no declaró en el juicio oral como
para haber ilustrado a estas sentenciadoras sobre el alcance de ese diagnóstico”.
Este análisis del último defecto atribuido a la sentencia de juicio oral confirma, a mi
juicio, la imagen que se perfilaba al comienzo: la de una sentencia de nuestro máximo
tribunal que no articula una justificación suficiente de su decisión de anular por falta
de fundamentación y que no parece, por ello, tomar todo lo en serio que debiera la gravedad
de esa decisión y la complejidad de su rol como garante de la racionalidad en la
valoración de la prueba. El voto disidente del abogado integrante Domingo Hernández
entrevé, en cambio, los dos puntos con lucidez cuando se refiere a la insuficiencia de
“la sola mención genérica de estos elementos inherentes a la sana crítica, sin la debida
especificación en cada caso” para “configurar un vicio de nulidad, con las consecuencias
que de ello se derivan”, y a la necesidad de preservar “el rigor en el análisis de la causal
invocada y el imperativo de no desvirtuar el sentido y el alcance de este arbitrio” (consideración
tercera).
APRECIACION DE LA PRUEBA Y ERRORES
Debido Proceso, Potestad Punitiva, Apreciación de Prueba, Requisitos Formales de Sentencia, Violación
El debido proceso no tiene realmente por objeto instaurar la igualdad entre contendientes de poderío equiparable, sino asegurar el respeto del más débil por parte de la potestad punitiva centralizada
Sentencia Corte Suprema
Santiago, once de agosto de dos mil cuatro.
Vistos:
En esta causa del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Temuco, Rol Único 0300031804-2, Rol Interno del Tribunal 034-2004, por delito de violación, seguida en contra del imputado Marcelo Eduardo Meriño Aravena, por sentencia de fecha cinco de junio de dos mil cuatro, el mencionado tribunal lo absolvió de la acusación deducida en su contra por el Ministerio Público, a la que se adhirió el querellante Servicio Nacional de Menores, en cuanto lo estimó responsable, en calidad de autor, del delito de violación, en contra del menor de iniciales A.M.G.D., perpetrado el 2 de marzo de 2003 en la ciudad de Temuco y, condenándose en costas al citado Ministerio Público, acusador fiscal y al adherente Servicio Nacional de Menores.
En contra de la sentencia ya referida, el Fiscal Adjunto del Ministerio Público de Temuco, dedujo recurso de nulidad con la finalidad de invalidarla, invocando para ello, conjuntamente, las causales contenidas en los artículos 373, letra a) y 374, letra e) en relación con el artículo 342 letras c) y d), todos del Código Procesal Penal, la última en carácter de subsidiaria.
Habiéndose concedido el recurso y estimándose admisible por esta Corte Suprema se dispuso su inclusión en la tabla para el día veintidós de julio del año en curso. En la audiencia respectiva, realizada para ello, se desarrolló la vista de la causa, con la concurrencia y alegatos de la abogado María Elena Santibáñez, en representación del Ministerio Público, por el recurso, y del abogado Francisco Cox Vial, en representación del imputado, disponiendo el Presidente de la Sala la citación para la lectura de fallo, la que se fijó para el día 11 de agosto en curso
Considerando:
PRIMERO.- Que el primer aspecto del recurso se funda en la causal contemplada en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, centrándolo en la violación a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 4 de la Carta Fundamental, que asegura el respeto y la protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia; en relación a lo dispuesto en el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, norma que también estima vulnerada en la tramitación del juicio motivo del presente recurso, y que ordena que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, pues señala que el Tribunal Oral aceptó la incorporación durante la audiencia del juicio oral, del contenido de un expediente por medida de protección en relación al menor víctima de los hechos materia de la acusación, mediante la declaración en esos términos de un perito presentado por la defensa.
SEGUNDO. Que, así, manifiesta, que a causa de la exposición pública durante la tramitación del ese juicio de antecedentes reservados correspondientes al proceso por medida de protección, se han afectado, o no pudieron menos que afectarse, las garantías constitucionales sobre la honra de la víctima y su familia, por lo que estima que este vicio en que incurrió la sentencia sólo puede repararse mediante su declaración de nulidad, así como la del juicio. Tal quebrantamiento se habría producido, a su parecer, por las siguientes razones:
a) La defensa del acusado pretendió, ya en la audiencia de preparación del juicio oral, incorporar al juicio como medio de prueba el expediente sobre medida de protección respecto del menor Allan González Delgado, rol 2743/1999, del Segundo Juzgado de Menores de Temuco, por lo que solicitó que el Ministerio Público le entregara copia de tal proceso, el que ya no se encontraba en poder de la fiscalía, y asimismo, ésta se opuso a tal requerimiento por la afectación de los derechos de la víctima, por ser estos antecedentes de carácter reservado. El juez de Garantía no dio a lugar a la solicitud de la defensa por ser extemporánea y por afectar a los derechos de la víctima, a su honra y vida privada;
b) Sin embargo, señala que durante la realización de la audiencia del Juicio Oral, la defensa aludida logró, por medio de la declaración de la perito Dra. Sonia Méndez Caro, medico psiquiatra el Servicio Médico Legal, quién evaluó al imputado y luego solicitó el expediente antes señalado, incorporando arbitrariamente en su declaración ante el Tribunal Oral todo el contenido de él, infringiéndose asimismo, las normas de los artículos 276, 277 e) y 295, por haber incorporado prueba que no había sido incluida en el auto de apertura correspondiente.
c) Que, por lo anterior, se ha vulnerado además el principio de igualdad consagrado en el inciso 1º del artículo 19 Nº 3, en su manifestación procesal-procedimiental, en el sentido de que ambas partes reciban un igual distribución de opciones de defensa y cargas procesales, y se les asegure un debido proceso. En efecto, estima que al permitir el Tribunal Oral la incorporación de una prueba no incluida en el auto de apertura del juicio oral, ya señalado, se infringió el principio de igualdad de armas, ya que el recurrente de nulidad no tuvo conocimiento de que aquel antecedente sería incluido de manera artificiosa, mermando las posibilidades de controvertirlo;
d) Que, por último señala infringidas los artículos 5, 6. 7 de la Constitución Política de la República y artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño, al admitirse y recibirse una prueba improcedente por no haber sido incluida en el auto de apertura tantas veces señalado, cuyo contenido tenía carácter de reservado;
TERCERO.- Que, un segundo aspecto del recurso se basa en la causal de nulidad contemplada en la letra e) del artículo 374 en relación con el artículo 297 y 342 letras c) y d), todos del Código Procesal Penal, señalando que la Corte es competente para conocer de ello en virtud de lo preceptuado en el artículo 376 inciso cuarto del mismo cuerpo de leyes. En este sentido, la recurrente ha sostenido que la sentencia impugnada no cumple con la obligación legal de hacerse cargo de toda la prueba producida en su integridad. Además indica, en relación con las demás probanzas, que tampoco las analiza ni expresa las razones por las cuales no las toma en cuenta, por lo que la fundamentación no permite la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llega.
CUARTO.- Que indica, además, que es contradictoria en tales conclusiones, de acuerdo a los siguientes fundamentos:
a) Declaración del testigo Dr. Adolfo Díaz Borquez, que fue el primer facultativo que atendió al menor, quién declaró que apreció una erosión en la región perianal del menor, prueba que, según señala la recurrente, el tribunal simplemente no la considera para efectos de arribar a su decisión absolutoria;
b) Declaración del perito Dr. Nestor San Martín Urrutia, quién señala, como se dijo en las alegaciones ante estrados, que la erosión podría haber sanado al momento del examen, lo que explicaría su ausencia, lo que no fue considerado por el tribunal, ni se señaló las razones por las que se desestimaba tal declaración;
c) Declaración de la perito Dra. Carmen Cerda Aguilar, quien consultada sobre su experiencia, señaló que en su trabajo no efectúa informes sobre constatación de lesiones hace alrededor de 20 años y, en su declaración no se hace cargo de la presencia o ausencia de lesión anal en la víctima, dando cuenta que la pericia no tuvo como objeto la persona de la víctima sino de informes emitidos por otros médicos. Que de ello el sentenciador no se hizo cargo y, agrega la recurrente, además incurre en contradicción entre la conclusión que arriba y la prueba rendida;
d) Declaración de la testigo Dra. Viera Barrientos, presentada por la defensa en calidad de perito, sin haber evacuado peritaje alguno, cuestión de la que tampoco se hizo cargo el tribunal en su sentencia y, no obstante, la perito se pronunció sobre la inexistencia de las lesiones anales, declaración que fue valorada por el tribunal como prueba categórica para determinar la absolución. Con ello vulnera los principios de la lógica y conocimientos científicamente afianzados. Además señala que esta supuesta pericia no tuvo por objeto la persona de la víctima, sino los informes emitidos por otros médicos;
e) Declaración del menor, quien señaló clara y precisamente lo ocurrido entre él y su agresor, lo que no fue considerado por el tribunal ni tampoco se señaló las razones para desestimarla;
f) Declaración de la madre del menor, en la que señala que su hijo, ante su pregunta, le contestó que el acusado le había puesto el pene en el potito. Declaración que, según señala la recurrente, tampoco valora el tribunal de manera alguna, como queda de manifiesto en la sentencia, especialmente en los considerandos noveno en adelante;
g) Declaración del testigo Sergio Ponce Ramírez, en que da cuenta de los hechos relatados por el menor y de la confesión del imputado ante el Fiscal Luis Toledo Ríos, en términos de reconocer al menos actos de significación sexual, cuestión de la que no se hace cargo el tribunal, por lo que, estima la recurrente, se ha dado una ponderación parcial de la prueba rendida y,
h) Finalmente, señala la recurrente que la infracción en que incurre el fallo con relación al artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, reside no sólo en la circunstancia de haber realizado una ponderación parcial del contenido y valor de los medios de prueba relativos a la autoría atribuida al acusado, sino que derechamente en haber omitido dejar constancia de diversos aspectos sustanciales de tales declaraciones, todos ligados de manera directa o indirecta a la prueba de autoría de los hechos materia de la acusación;
QUINTO.- Que, en relación con la primera causal de nulidad impetrada, es necesario reiterar por esta Corte que el Ministerio Público es el titular exclusivo de la investigación y es quien sustenta y ejerce la acción penal pública, según lo establece el artículo 77 del Código Procesal Penal. Estamos, por tanto, frente a un co-detentador de la potestad punitiva del Estado, la cual amenaza siempre desbordar frente a un imputado que aparece en una posición de desigualdad ante ese formidable adversario, y debe por ello ser protegido por las instancias más elevadas de la organización jurídica mediante la garantía de un procedimiento estrictamente formalizado y regulado, que le asegure un tratamiento equilibrado y, sobre todo, capaz de preservar la presunción de inocencia que constituye el instrumento básico para su defensa. Contrariamente a lo que señala el recurrente, el debido proceso no tiene realmente por objeto instaurar la igualdad entre contendientes de poderío equiparable, sino asegurar el respeto del más débil por parte de la potestad punitiva centralizada. Ahora bien, en estos autos consta que el Ministerio Público no efectuó la debida investigación de los hechos destinados a acreditar la inocencia del inculpado, como ocurrió con la no inclusión de antecedentes relativos al entorno social del niño en el desarrollo de su vida, previo a la salida con el encausado el día 28 de febrero de 2003, tanto en el hogar materno como en los hogares de la red Sename en los cuales estuvo internado así como con la fotografía que fuera aportada gracias a la defensa del imputado, la que el tribunal pudo examinar y, en la que no se observó ninguna fisura o erosión.
SEXTO.- Que, igualmente es necesario señalar que el CódigoProcesal Penal es claro al establecer que la declaración de nulidad, que se pretende en autos, del juicio oral y de la sentencia, procederá en caso de infracción sustancial, sea durante su tramitación o en la dictación de ella, de derechos o garantías asegurados por la Constitución o por tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. Ahora bien, consta del considerando undécimo de la sentencia impugnada, que el tribunal del juicio oral de Temuco estimó y consideró el informe incorporado al juicio por el acusador y emitido por el Director de la Fundación Mi Casa. En el se señala que el menor tiene una medida de protección decretada por el Segundo Juzgado de Menores de dicha ciudad, en autos rol Nº 2.743 de 1999, expediente que no fuera revelado por los fiscales, y, contrariamente a lo manifestado por la recurrente, no se vislumbra de qué manera pudo esta inclusión haber provocado una infracción sustancial a los derechos fundamentales que garantiza la Constitución o tratados vigentes. Por estas razones deberá rechazarse la primera de las causales de nulidad alegadas por el recurrente.
SEPTIMO.- Que, en lo tocante a la segunda de dichas causales se funda, como se señaló detalladamente en la norma contenida en la letra e) del artículo 374 en relación con el artículo 297 y 342 letras c) y d), todos del Código Procesal Penal. El artículo 374, letra e), en relación con el 342, letra c), ambos del ordenamiento procesal penal, dispone que la sentencia deberá contener: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297; Por su parte la letra d) del artículo 342 del Código Procesal Penal señala que debe contener la sentencia las razones legales o doctrinales que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias para fundar el fallo, lo que se traduce en una exposición cabal y exhaustiva de los hechos y circunstancias que se dieren por acreditados, pero dicho precepto no exige una descripción o detalle minuciosos de los medios de convicción y únicamente encierra una descripción fáctica de todos y cada uno de los hechos, vale decir, la forma como se cometió el ilícito, la hora y el lugar y las demás circunstancias acreditadas en el proceso y una valoración de ellos con libertad, pero sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, aunque no es indispensable una exposición, completa y cabal del medio de prueba, con una trascripción íntegra y textual de ellos. A juicio del recurrente el fallo impugnado no se hizo cargo en su fundamentación de toda la prueba producida durante la audiencia del juicio oral como lo exige el inciso 2º del artículo 297 del Código Procesal Penal. Al respecto, se debe manifestar que el legislador otorga a los jueces plena libertad respecto de la valoración de la prueba, y no resulta posible que a través de este recurso se discuta la apreciación que ellos de manera libre han efectuado, y sólo le compete a la Corte revisar si el fallo ha cumplido o no con los requisitos formales. La sentencia atacada cumple sin merecer reproche con tales exigencias, lo que se desprende de la lectura de los considerandos décimo a décimo tercero del fallo atacado, en los que, si bien se hace cargo de la prueba rendida en el juicio oral de manera sucinta, lo realiza de forma coherente y racional. Sus argumentos pueden no ser convincentes para el recurrente, pero eso no los invalida. Baste con lo señalado para desechar también el segundo capitulo de nulidad alegado en el recurso.
Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 372, 373 letra a), 374 letra e), 376 y 387 del Código Procesal Penal, se resuelve que se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público de Temuco a fojas 19, en contra de la sentencia del Tribunal del Juicio Oral de esa misma ciudad de fecha cinco de junio de dos mil cuatro, pronunciada en la causa Rol Único 0300031804-2, por delito de violación, seguida en contra del imputado Marcelo Eduardo Meriño Aravena, la cual, por consiguiente, no es nula.
Redacción del Ministro señor Alberto Chaigneau del Campo.
Rol Nº 2600-04.
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